Estados Unidos pidió a México detener al juez Luis Benítez Alcántara, acusado por autoridades estadounidenses de recibir un soborno de 2 millones de dólares para ordenar la liberación de un presunto operador del narcotráfico.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este miércoles 11 de noviembre que el gobierno mexicano conocía la existencia de una orden de aprehensión emitida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y que Washington había solicitado su captura en territorio nacional.
Sin embargo, cuando se buscó ejecutar la detención, Benítez Alcántara ya había salido de México.
“Habían solicitado su detención aquí. Él se fue de México y fue detenido en Colombia”, explicó Sheinbaum durante su conferencia matutina.
El juez fue capturado en Colombia y ahora Estados Unidos busca su extradición para procesarlo por nueve cargos federales.
La acusación presentada en California sostiene que Benítez utilizó su cargo para facilitar la liberación de Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado por autoridades estadounidenses como segundo al mando de la organización criminal encabezada por Ryan Wedding, exsnowboardista olímpico acusado de dirigir una red internacional de tráfico de cocaína.
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El juez habría recibido 2 millones de dólares para liberar a Andrew Clark
El caso se remonta a octubre de 2024.
Andrew Clark fue detenido en México por cargos relacionados con narcotráfico, homicidio e intento de homicidio en Estados Unidos.
Después de su captura, compareció ante Luis Benítez Alcántara, quien en ese momento se desempeñaba como juez de distrito en la Ciudad de México y tenía bajo su responsabilidad parte del proceso de extradición.
Washington solicitó formalmente la extradición de Clark en noviembre de ese año.
Según la acusación estadounidense, entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 Clark transfirió aproximadamente 2.75 millones de dólares mediante intermediarios y pagos fraccionados con el objetivo de conseguir su liberación.
De ese dinero, alrededor de 2 millones de dólares habrían sido destinados directamente al juez.
El Departamento de Justicia sostiene que el 24 de febrero de 2025 Benítez recibió el pago completo del supuesto soborno.
Ese mismo día concedió libertad bajo fianza a Clark y ordenó su salida de prisión.
La libertad duró poco.
El canadiense fue detenido nuevamente días después y trasladado a Estados Unidos, donde continúa enfrentando cargos federales.
Para los fiscales estadounidenses, las resoluciones emitidas por el juez permitieron que un integrante de alto nivel de una organización criminal evitara temporalmente su detención y procesamiento.
Benítez Alcántara enfrenta nueve cargos por actuar presuntamente como cómplice después del delito.
Cada uno podría implicar una pena máxima de hasta 15 años de prisión en caso de que sea declarado culpable.
Sheinbaum dice que México conocía la orden, pero no la red completa
La confirmación de Sheinbaum agrega ahora una nueva pieza al caso: las autoridades mexicanas sí conocían que Estados Unidos buscaba al juez.
La presidenta explicó que el gobierno tenía información sobre la orden de aprehensión emitida por el Departamento de Justicia, aunque señaló que corresponde al Gabinete de Seguridad ampliar los detalles sobre qué acciones se realizaron en México antes de que Benítez abandonara el país.
Sheinbaum fue cuestionada además sobre si las autoridades mexicanas tenían conocimiento de una estructura más amplia de protección vinculada con organizaciones criminales.
La mandataria respondió que lo que conocían hasta ese momento era la existencia de la orden estadounidense.
“Conocíamos que había salido una orden de aprehensión por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hasta ahí”, señaló.
La detención se produjo finalmente en Colombia, con participación de autoridades de ese país y agencias estadounidenses.
El Departamento de Justicia ya informó que solicitará formalmente su extradición.
La defensa de Benítez Alcántara ha cuestionado que sea trasladado a Estados Unidos y ha sostenido que cualquier posible responsabilidad relacionada con sus decisiones como funcionario judicial debería investigarse en México.
También ha presentado recursos en Colombia para impugnar aspectos de su detención.
El caso se conecta además con una investigación más amplia contra la organización de Ryan Wedding.
Wedding, exatleta olímpico canadiense, fue detenido en México en enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses lo acusan de encabezar una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína y vinculada además con homicidios e intentos de homicidio.
Por ahora, el punto que México deberá esclarecer es qué ocurrió entre la solicitud estadounidense y la salida del juez del país.
Estados Unidos asegura que Benítez Alcántara recibió millones de dólares para beneficiar a un presunto narcotraficante.
México reconoce que sabía que existía una orden de captura.
Pero la detención no ocurrió aquí.
