El proyecto que busca tumbar la consulta sobre expresidentes

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Un proyecto de resolución de la Suprema Corte mexicana propone declarar inconstitucional un plan de referéndum sobre la posibilidad de juzgar a cinco expresidentes por corrupción, según el documento difundido el jueves y cuestionado por el mandatario Andrés Manuel López Obrador, impulsor de la iniciativa.

Al asumir el poder en diciembre de 2018, como parte de su discurso anticorrupción, el gobernante expuso su interés de que se convocara la consulta y el 15 de septiembre envió una iniciativa con ese fin al Senado, que a su vez lo turnó al alto tribunal.

La Corte difundió en Twitter el proyecto de resolución, elaborado por el ministro Luis Aguilar y que resuelve la inconstitucionalidad del plan presidencial. El documento «será discutido en la sesión del 1 de octubre», detalló. Podrá ser aprobado o rechazado por el pleno del máximo tribunal.

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En su argumentación, el ministro apunta, entre otras cosas, que el referéndum vulneraría el debido proceso y la presunción de inocencia de los exmandatarios y restringiría «los derechos humanos y sus garantías», además de que «rompe con el principio de igualdad» de todos los ciudadanos ante la ley.

Tras conocer el borrador de resolución, López Obrador pidió a los magistrados del alto tribunal «que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio». «Que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo», añadió en su rueda de prensa diaria.

El mandatario quería que fueran los ciudadanos quienes pidieran la consulta, para lo cual eran necesarias 1.8 millones de firmas (el 2% del padrón electoral), como marca la ley, pero no se logró en el plazo que concluía el 15 de septiembre, pese a una intensa campaña del oficialismo.

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López Obrador incluyó en su iniciativa de consulta a sus antecesores desde 1988, a quienes considera estandartes de un período «neoliberal» con una fuerte concentración de la riqueza en pocas manos, robos al erario, elecciones viciadas y otras prácticas gubernamentales causantes de inseguridad pública.

El plan cobró fuerza por la filtración en agosto de una denuncia ante la fiscalía general por parte del procesado exdirector de la estatal Pemex Emilio Lozoya, que nombró a tres de ellos (Carlos Salinas, Enrique Peña y Felipe Calderón) en episodios de corrupción, algunos ligados a la brasileña Odebrecht.


Información de Reuters

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