Una propuesta legislativa presentada por el diputado Arturo Federico Ávila Anaya, del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), busca añadir un párrafo tercero al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, mediante el cual se obliga a la Secretaría de Gobernación y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a “emitir lineamientos” que regulen los contenidos religiosos digitales para prevenir “discursos de odio”.
En su exposición de motivos, la iniciativa dice buscar “armonizar” la ley con la realidad digital y garantizar que los ministerios de culto que operan plataformas en línea lo hagan bajo un esquema digital responsable y con respeto a los derechos humanos.
Sin embargo, críticos y organizaciones como Actívate denuncian que la iniciativa representa una restricción grave a la libertad de expresión y de culto al permitir que el gobierno federal decida qué puede publicarse y qué debe censurarse.
El texto plantea que las asociaciones religiosas “deberán sujetarse a los lineamientos que emita la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en coordinación con la Secretaría de Gobernación”, para garantizar neutralidad de la red, privacidad y prevención de discursos de odio.
Para especialistas en derechos humanos, esto significa que los sacerdotes, obispos y pastores podrían ver su voz limitada en redes sociales, lo que a su vez afecta a sus comunidades. Como lo señala una campaña de Actívate: “Limitar la voz de quienes enseñan y acompañan espiritualmente a la sociedad es un atentado contra la libertad de todos”.
Este proyecto abre una preocupación mayor: ¿se está utilizando el argumento de combate al discurso de odio para controlar voces incómodas en redes, y con ello poner al Ejecutivo en posición de censor de la fe y la moral?
La iniciativa está en la Gaceta Parlamentaria, pero aún no ha sido dictaminada. Mientras tanto, comienza un debate sobre la frontera entre regulación digital legítima y censura religiosa disfrazada.
