El combate a la corrupción sigue siendo un discurso más que una realidad.
A pesar de las investigaciones abiertas por el llamado “huachicol fiscal”, varios de los empresarios señalados por evasión, facturación falsa y triangulación de combustibles continúan operando con total normalidad en al menos seis entidades del país.
Según documentos obtenidos por fuentes cercanas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), las redes empresariales vinculadas al fraude fiscal siguen activas en Nuevo León, Veracruz, Tabasco, Jalisco, Estado de México y Ciudad de México, donde operan bajo nuevas razones sociales o mediante prestanombres.
Un fraude multimillonario que sigue vivo
El término “huachicol fiscal” se refiere a la simulación de operaciones y la falsificación de facturas para evadir impuestos por la importación, transporte o venta de combustible.
Aunque el gobierno ha prometido erradicar este mecanismo, las pérdidas para el erario superan los 200 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con estimaciones de especialistas tributarios.
En algunos casos, las empresas implicadas fueron sancionadas, pero no disueltas.
Hoy siguen recibiendo contratos públicos, exportando productos o facturando servicios bajo nuevas razones sociales.
“El huachicol fiscal no se ha combatido, solo se maquilló”, declaró un exfuncionario del SAT que pidió anonimato. “Las redes cambiaron de nombre, pero no de método”.
La red del privilegio
De acuerdo con investigaciones paralelas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), varios de estos empresarios mantienen vínculos políticos con funcionarios locales y federales.
En algunos estados, incluso financiaron campañas electorales de candidatos de distintos partidos, incluidos miembros de Morena.
Mientras el gobierno insiste en su discurso de “honestidad valiente”, la realidad muestra que el dinero del fraude circula libremente, protegido por influencias y complicidades.
El costo para el país
Detrás de este esquema no solo hay evasión fiscal, sino un impacto directo en las finanzas públicas.
Los recursos que deberían destinarse a salud, educación e infraestructura se pierden en una red de corrupción que opera desde hace años con el silencio de las autoridades.
Y mientras los pequeños contribuyentes enfrentan auditorías y sanciones por errores mínimos, las grandes empresas del fraude fiscal siguen funcionando, facturando y creciendo.
Una impunidad que indigna
El caso del huachicol fiscal es hoy un espejo de la incongruencia gubernamental.
Por un lado, se presume combate a la corrupción; por otro, se tolera a quienes defraudan al país desde despachos de lujo.
La impunidad no se combate con discursos. Se combate con justicia.
Y en este caso, la justicia sigue ausente.
