La insalubridad en la mayoría de las prisiones municipales de Yucatán, aunada a la falta de ventilación, iluminación e infraestructura, entre otras carencias e irregularidades, pone en riesgo la salud física y mental de los presos en lugar de favorecer su reinserción social, advierte un estudio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
El organismo asegura que los presos están en contacto con residuos de excremento en pisos y paredes, rejas oxidadas, orificios en pisos, fauna nociva y otras condiciones que ponen en riesgo la salud y la seguridad de los detenidos.
El presidente de la Codhey, Enrique Goff Ailloud, informó que además, cientos de detenidos no pueden pagar una fianza de 300 pesos. «Estos detenidos duermen en el piso, compartiendo el espacio con otros presos, sin ventilador y con temperaturas promedio de 38 grados centígrados. Si existen inodoros, nunca se lavan, se encuentran a la vista de todos y carecen de agua potable. La realidad es que los presos viven un infierno», afirmó.
El informe detalla que sólo 16 por ciento de las 99 cárceles cuentan con instalaciones sanitarias, pero sólo las de tres municipios tienen agua potable. Los casos más representativos son Mérida, Valladolid y Tizimín. Los municipios con las cárceles en peores condiciones son Ticul, Acanceh, Chemax, Tixméhuac, Izamal, Dzan, Oxkutzcab, Sacalum, Temozón, Teya, Suma de Hidalgo, Chacsinkín y Tzucacab.
Por ley, todo detenido tiene derecho a visitas y llamadas telefónicas. Aunque en casi todas las comandancias ambos derechos se cumplen, la Codhey indicó que sólo 9 por ciento llevan registro de ambas actividades, y en 53 por ciento de los casos las llamadas se realizan desde teléfonos celulares de los policías o de los propios detenidos.
Con información de La Jornada