La Fiscalía de Michoacán confirmó que Manuel Ubaldo Vidales, el joven detenido por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tenía apenas 17 años. Fue reclutado por el crimen organizado en el municipio de Paracho, una región donde el Estado perdió hace tiempo el control.
Las autoridades detallaron que el joven no actuó solo y que las investigaciones apuntan a una red criminal más amplia detrás del ataque. Sin embargo, el dato que más ha estremecido a la opinión pública es que cuando Manuel tenía 10 años, el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” —uno de los estandartes sociales de Andrés Manuel López Obrador— apenas comenzaba a operar.
Hoy, siete años después, ese mismo joven se convirtió en símbolo del fracaso de las políticas públicas que prometieron alejar a los jóvenes de la delincuencia, pero que en la práctica no lograron contener el reclutamiento del narco en comunidades marginadas.
Carlos Manzo, quien había denunciado públicamente la infiltración del crimen organizado en el gobierno local, fue asesinado a balazos durante una celebración del Día de Muertos. Su muerte conmocionó al país y expuso la gravedad del colapso institucional que vive Michoacán.
El caso de Manuel Ubaldo Vidales no es aislado. Según cifras del Inegi y organizaciones civiles, más de 35 mil adolescentes mexicanos han sido cooptados por grupos criminales en los últimos cinco años. En muchas zonas rurales, los jóvenes sin oportunidades de empleo o educación son presa fácil de las redes del narcotráfico.
El contraste es brutal: mientras el Gobierno Federal presume el éxito de sus programas sociales, un joven beneficiario potencial terminó empuñando un arma contra un servidor público que luchaba contra la corrupción y la violencia.
Carlos Manzo denunció hasta el último día la complicidad entre autoridades y criminales. Su muerte y la historia de su asesino son, hoy, una radiografía de un país donde el Estado ha dejado de proteger a sus jóvenes… y también a sus valientes.
