El uso político de los programas sociales vuelve a estar en el centro de la polémica. Diversas denuncias públicas acusan a la presidenta Claudia Sheinbaum y a su partido, Morena, de utilizar el programa “Salud Casa por Casa”, financiado con recursos públicos, para afiliar beneficiarios al partido y condicionar apoyos sociales.
De acuerdo con los reportes, “Servidores de la Nación” adscritos a la Secretaría del Bienestar estarían visitando hogares bajo el pretexto de ofrecer atención médica a domicilio, pero en realidad realizan labores de promoción partidista y reclutamiento electoral.
Un delito grave con prisión preventiva
El artículo 19 de la Constitución es claro: el uso de programas sociales con fines electorales constituye un delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, las denuncias apuntan a que esta práctica se ha normalizado como parte de la estrategia política de Morena en vísperas de las elecciones intermedias.
Organizaciones civiles y líderes de oposición han exigido una investigación inmediata. Argumentan que, lejos de fortalecer el bienestar, el programa distorsiona el sentido de la política social y erosiona la confianza en las instituciones públicas.
Promoción con recursos públicos
Fuentes internas señalan que los servidores federales utilizan uniformes, vehículos y recursos oficiales para distribuir propaganda y promover la afiliación a Morena, lo que contraviene directamente los principios de imparcialidad y legalidad del servicio público.
Los críticos sostienen que esta práctica repite el viejo modelo del clientelismo político que la autodenominada “Cuarta Transformación” prometió erradicar, pero que hoy parece perfeccionar con estructura federal y presupuesto ilimitado.
Silencio en Palacio Nacional
Pese a la gravedad de las acusaciones, la presidenta Sheinbaum no ha abordado el tema en sus conferencias matutinas. Mientras tanto, miles de beneficiarios siguen recibiendo visitas que confunden asistencia médica con propaganda electoral.
Como advierten los denunciantes, el condicionamiento del apoyo social es una violación directa a los derechos políticos de los ciudadanos. La justicia electoral tendrá que decidir si se trata de un abuso aislado… o de una estrategia institucional.
