La polémica en torno a Gerardo Fernández Noroña sube de tono. El legislador no solo enfrenta críticas por su casa de 12 millones de pesos, sino que ahora se le acusa de mentir y acosar a la periodista Azucena Uresti al difundir una dirección que no le pertenece.
En redes sociales, Noroña sugirió que un departamento ubicado en Reforma 77 era propiedad de Uresti, lo que generó una ola de hostigamiento contra la comunicadora. Sin embargo, la información es falsa.
Un acto de acoso y violencia
Difundir datos personales o direcciones de periodistas constituye una forma de acoso y violencia, reconocida por la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (2012). Además, atenta contra el artículo 6 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión sin hostigamiento ni persecución.
Este tipo de acciones no solo vulneran a Uresti, sino que envían un mensaje de intimidación a toda la prensa. En un país donde los periodistas enfrentan riesgos constantes, la conducta de Noroña agrava un clima de miedo y censura.
La incongruencia de la “austeridad”
Mientras tanto, el propio Noroña no ha aclarado cómo pudo adquirir una propiedad valuada en 12 millones de pesos con su salario como legislador. Aunado a eso, si es que Azucena viviera fuera del discurso de austeridad, estaría en su derecho, ya que ella no forma parte del partido que está predicando llevar un estilo de vida austero.
Un golpe a la libertad de prensa
Que un político use su posición para difundir información falsa y exponer a periodistas es un hecho grave.
El problema ya no es solo de incongruencia patrimonial, sino de violación a derechos fundamentales que deberían ser protegidos en una democracia.
La pregunta queda en el aire: ¿quién controla a los políticos que, en vez de rendir cuentas, atacan a la prensa?
