La Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF) ha confirmado por unanimidad una megamulta de más de 62 millones de pesos a Morena, en relación con las irregularidades detectadas en los recursos utilizados durante las giras de las conocidas «corcholatas» en el proceso interno para elegir su candidatura presidencial.
El magistrado ponente, Felipe de la Mata, subrayó que la sanción impuesta por el INE no fue arbitraria ni fortuita, sino una consecuencia directa de las acciones y omisiones del partido y de las personas aspirantes en una campaña nacional de gran envergadura. De la Mata respaldó el trabajo exhaustivo del INE al demostrar que se vulneraron las reglas de fiscalización.
Por otro lado, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón expresó su desacuerdo con la forma en que se sustanció el proyecto, criticando la aceptación de una audiencia a Morena y el aplazamiento de la discusión del asunto. Destacó que retirar proyectos de la agenda por audiencias solicitadas el mismo día podría generar percepciones erróneas.
La magistrada Janine Otálora resaltó que la validación de los procesos internos no legitima eventos posteriores, señalando que la fiscalización no solo abarca la revisión de recursos públicos y privados, sino también la investigación sobre el origen, monto, destino y aplicación de cualquier recurso manejado por actores políticos.
En cuanto a la propaganda utilitaria, Otálora indicó que los elementos como gorras, playeras y banderas, que contenían el nombre, lema o emblema de los aspirantes, no fueron debidamente argumentados por el partido como para no considerarlos un beneficio.
La ponencia del magistrado determinó que los agravios presentados por Morena fueron inoperantes o infundados. Las multas incluyen una de 20 millones de pesos por omitir reportar gastos en eventos y propaganda localizada, otra de 37 millones 409 mil 282 pesos por propaganda en vía pública, 3.4 millones de pesos por no reportar gastos menores y un millón de pesos en sanciones por gastos de transporte.
Morena alegó que el INE aplicó los lineamientos de manera retroactiva, pero la ponencia del magistrado concluyó que estos argumentos fueron inoperantes. Además, el partido argumentó que ciertos gastos detectados no contenían información relevante, pero esta defensa no prosperó según la decisión del tribunal.