Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido detener sus actividades de manera indefinida. Con una votación de ocho ministros a favor y tres en contra, el máximo tribunal del país se suma al paro del Poder Judicial de la Federación (PJF) en rechazo a la polémica reforma judicial impulsada por el gobierno.
La decisión de la SCJN marca un antes y un después en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Desde hace dos semanas, tribunales y juzgados federales en todo México han paralizado sus funciones como protesta contra una reforma que consideran un ataque a la independencia judicial. La adhesión de la Corte a esta suspensión eleva la tensión en un conflicto que ya ha polarizado a la opinión pública y los actores políticos.
Tras la votación en sesión privada, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, quienes se manifestaron en contra del paro, se reunieron para definir su postura ante esta inédita situación. Aunque aún no han hecho pública su declaración, es evidente que el desacuerdo al interior del máximo órgano judicial del país refleja la complejidad de la situación.
La reforma judicial propuesta ha generado controversia por su intención de transformar profundamente la estructura del Poder Judicial en México. Entre sus puntos más críticos se encuentra la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, lo que, según sus detractores, vulneraría la imparcialidad y autonomía del sistema judicial. Los trabajadores judiciales, que ya llevan dos semanas de paro en tribunales y juzgados, han señalado que esta reforma representa una amenaza directa a la independencia de su labor.
La adhesión de la SCJN al paro no solo complica la operación del sistema judicial, sino que también envía un fuerte mensaje político al resto del país. Este hecho sin precedentes podría derivar en una crisis institucional que pondría a prueba la capacidad de diálogo y negociación de todos los actores involucrados.
Con la Suprema Corte en paro indefinido y la división evidente entre sus ministros, el panorama se vuelve más incierto. Mientras las ministras que votaron en contra preparan su postura, el país observa con atención los siguientes movimientos en este ajedrez político. La independencia judicial está en juego, y el desenlace podría redefinir no solo la relación entre los poderes del Estado, sino también la confianza ciudadana en las instituciones que sustentan la democracia mexicana.