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Detienen en CDMX a Lili Campos, exalcaldesa de Playa del Carmen, por presunto daño al erario de más de 62 mdp

Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa de Playa del Carmen, fue detenida en la Ciudad de México por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, relacionado con un presunto daño al erario superior a 62 millones de pesos.

La captura ocurrió la noche del jueves 19 de noviembre en la alcaldía Venustiano Carranza y fue resultado de una orden de aprehensión cumplimentada por autoridades de Quintana Roo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Campos gobernó el entonces municipio de Solidaridad, hoy Playa del Carmen, entre 2021 y 2024, postulada por el PAN.

La investigación se concentra en tres licitaciones públicas otorgadas entre 2022 y 2024 para servicios especializados de lavado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Las autoridades sostienen que existieron irregularidades tanto en la contratación como en la comprobación y supervisión de los servicios pagados con recursos públicos.

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Investigan pagos millonarios por lavado de 123 vehículos municipales

El expediente tiene como uno de sus puntos centrales la cantidad de servicios de lavado reportados por el gobierno municipal.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba entonces con un parque vehicular de 123 unidades.

Sin embargo, las investigaciones señalan que llegaron a reportarse hasta 865 lavados en un solo mes, sin días de descanso.

Eso equivaldría a un promedio superior a siete lavados mensuales por cada vehículo.

La empresa contratada, además, habría contado únicamente con 15 empleados para prestar el servicio.

Otro de los señalamientos se relaciona con la documentación fiscal.

El prestador presuntamente no contaba con comprobantes fiscales digitales correspondientes a los primeros contratos, pero los pagos continuaron realizándose.

De acuerdo con la investigación, las erogaciones no comprobadas superaron los 62 millones de pesos.

Las autoridades también atribuyen posibles omisiones a servidores públicos encargados de revisar y supervisar los contratos, debido a que no habrían verificado adecuadamente si los servicios fueron efectivamente prestados ni si existía la documentación requerida.

La investigación deberá determinar ahora qué participación tuvo específicamente Campos en las autorizaciones, pagos y mecanismos de supervisión señalados.

Lili Campos deberá enfrentar ahora el proceso ante un juez

Después de su detención, la exalcaldesa quedó bajo custodia mientras se realiza su traslado y puesta a disposición de la autoridad judicial que emitió la orden de aprehensión.

El siguiente paso será que el Ministerio Público formule formalmente la imputación y que un juez determine su situación jurídica.

La existencia de una orden de captura no significa que el presunto daño al erario esté judicialmente acreditado ni que Campos haya sido declarada culpable.

La Fiscalía deberá demostrar durante el proceso qué decisiones atribuye directamente a la exfuncionaria y cuál habría sido su responsabilidad en las contrataciones cuestionadas.

Lili Campos, exalcaldesa de Playa del Carmen, fue detenida en CDMX por presuntas irregularidades en contratos que habrían causado un daño de más de 62 mdp.

Campos también arrastraba observaciones administrativas relacionadas con el manejo de recursos durante su gestión.

Auditorías anteriores habían detectado montos pendientes de aclaración por decenas de millones de pesos en recursos ejercidos por el municipio.

La causa penal conocida ahora, sin embargo, está enfocada específicamente en los contratos para lavado especializado de vehículos y el presunto perjuicio superior a 62 millones de pesos.

Lili Campos había ocupado anteriormente distintos cargos públicos en Quintana Roo y fue diputada local por el PAN antes de llegar a la presidencia municipal.

En 2024 buscó reelegirse, pero perdió la elección frente a Estefanía Mercado.

Ahora deberá enfrentar un proceso penal para determinar si las irregularidades detectadas durante su administración constituyen el delito que le atribuyen las autoridades.

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