El Consejo de la Judicatura Federal ha dictado la reanudación de actividades para todo el personal judicial a partir del jueves 24 de octubre, tras la protesta por la reforma judicial que ha sacudido al sistema de justicia en México. La medida, que fue aprobada con una votación dividida, establece sanciones y descuentos para aquellos empleados que no acudan a sus puestos de trabajo.
Medidas contundentes para garantizar el orden laboral
Con cuatro votos a favor y tres en contra, la Judicatura Federal determinó que los empleados del Poder Judicial están obligados a retomar sus funciones de inmediato. Además, se ha instruido al área de Seguridad para que brinde apoyo a jueces y magistrados que necesiten asistencia para acceder a los inmuebles donde desempeñan sus labores. Esta decisión es parte de una estrategia más amplia para restablecer el normal funcionamiento del Poder Judicial, interrumpido por un paro que inició como protesta ante la reforma que impulsa la elección directa de jueces y magistrados.
Consecuencias del paro laboral
El paro de labores, convocado en rechazo a la reforma judicial propuesta, ha generado un debate sobre los derechos laborales y las implicaciones de la reforma en curso. Quienes se oponen a la reanudación de actividades, incluyendo figuras importantes como Norma Lucía Piña Hernández y Lilia Mónica López Benítez, han expresado su preocupación sobre las consecuencias de imponer estas medidas a los trabajadores judiciales en medio de una situación de tensión.
No obstante, los magistrados que votaron a favor, como Bernardo Bátiz Vázquez y Eva Verónica De Gyvés Zárate, argumentan que es imperativo garantizar la operatividad del sistema judicial en beneficio de los ciudadanos.
Reforma judicial: entre el cambio y la controversia
Este conflicto laboral es parte de una lucha más amplia por la reforma del sistema judicial mexicano, una iniciativa impulsada por el grupo parlamentario de Morena. La propuesta busca cambios profundos, como la elección popular de jueces y magistrados, lo que ha generado fuertes reacciones dentro y fuera del Poder Judicial.
A medida que se avanza en la implementación de estas reformas, el personal judicial ha mostrado su inconformidad ante lo que consideran una afectación a la independencia y profesionalismo que debe caracterizar a quienes ocupan estos cargos. Las manifestaciones y paros han sido una respuesta directa a lo que muchos ven como una amenaza al equilibrio de poderes en el país.
Una decisión polémica
La reanudación de labores bajo la amenaza de sanciones es solo una parte del complejo entramado que envuelve la actual reforma judicial. Los próximos días serán cruciales para ver cómo evolucionan las protestas y si el personal judicial acata la medida o persiste en su lucha por salvaguardar lo que consideran un sistema justo y autónomo.
