La Contraloría General del Estado de Veracruz presentó una denuncia formal por un posible daño patrimonial de más de 1,600 millones de pesos, detectado en los servicios de salud de la entidad, correspondiente a la cuenta pública 2023. El señalamiento fue hecho por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras una auditoría forense de alto perfil.
La gobernadora Rocío Nahle confirmó este lunes que se llamará a cuentas a exfuncionarios involucrados, incluido el exsecretario de Salud y quienes participaron en contratos irregulares relacionados con limpieza, fletes, alimentación y subrogación de equipo médico.
“Yo tengo que cuidar el patrimonio de Veracruz, esa es mi función”, afirmó Nahle al anunciar la revisión exhaustiva de los contratos celebrados también en 2024.
Contratos directos y empresas fantasma
De acuerdo con una investigación publicada por la revista Proceso (edición 0022, abril 2025), los desvíos ocurrieron durante el mandato del exgobernador Cuitláhuac García, mediante un patrón repetido: adjudicaciones directas a empresas de reciente creación, muchas de ellas sin experiencia ni antecedentes confiables.
La ASF identificó al menos 24 contratos irregulares, otorgados sin justificación técnica ni documental, lo que motivó el inicio de 24 investigaciones contra funcionarios de la entonces Secretaría de Salud.
El operador clave: Jorge Eduardo Sisniega
Una figura central en este entramado financiero es Jorge Eduardo Sisniega Fernández, exdirector administrativo de la Secretaría de Salud y uno de los funcionarios más cercanos al exgobernador García. Aunque la dependencia cambió tres veces de titular entre 2020 y 2024, Sisniega mantuvo el control de las decisiones administrativas.
Los exsecretarios involucrados en la gestión de esos contratos son:
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Roberto Ramos Alor, actual director del IMSS Bienestar Veracruz.
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Gerardo Díaz Morales, quien falleció en 2023.
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Guadalupe Díaz del Castillo Flores, titular hasta el cierre de la administración.
Compromiso con la transparencia
La gobernadora Rocío Nahle destacó que su administración está atendiendo las observaciones de la ASF y colaborando con los procesos de investigación. Subrayó que el objetivo es rendir cuentas y proteger los recursos públicos, particularmente en un sector tan sensible como el de la salud.
“Estamos revisando a fondo los contratos, encontramos cosas que no estuvieron bien y vamos a actuar con responsabilidad”, declaró.
Un paso hacia la rendición de cuentas
La denuncia marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Veracruz, un estado históricamente golpeado por desfalcos en el sector salud. Las investigaciones en curso podrían derivar en sanciones administrativas, penales y recuperación de recursos públicos, según fuentes oficiales.
La atención ahora recae en el seguimiento que las autoridades locales y federales den al caso, así como en el compromiso del nuevo gobierno estatal con la transparencia y la rendición de cuentas.