El Gobierno de México informó este martes que persigue penalmente a 43 empresas factureras que desde 2010 defraudaron 55.125 millones de pesos (2.457 millones de dólares) al fisco mediante un sistema de facturas falsas para evadir impuestos y desviar recursos al crimen organizado.
«Esto fue tolerado por muchos años y desde luego que participaron funcionarios públicos y les diría que algunos empresarios», expresó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.
La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, detalló que las demanda afecta a 43 empresas relacionadas entre sí que hicieron facturas falsas a 8.212 contribuyentes.
Se analizaron 22 millones de facturas por actividades que jamás se realizaron y que permitieron a dichos contribuyentes evadir unos 43.729 millones de pesos (1.952 millones de dólares) de impuesto sobre la renta (ISR) y 11.396 millones de pesos (508,7 millones de dólares) de IVA.
«Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Lo que hacen es aumentar con gastos falsos los gastos de la empresa para disminuir sus utilidades y el pago de impuestos», explicó Buenrostro.
También se utilizaron para pagar actividades ilícitas.
«Se factura un honorario de una persona de trabajos de la construcción cuando en realidad se está pagando un soborno, tráfico de drogas, extorsión, tráfico de personas o corrupción a servidores públicos», ejemplificó.
Además de perseguir penalmente a las 43 empresas factureras, el Gobierno dará un plazo de tres meses a los 8.212 contribuyentes beneficiados por estas factures para que regularicen sus actividades o también serán denunciados.
«Vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes invitando a que se regularicen. Muchos participaron y fueron engañados y sin darse cuenta compraron facturas a empresas vinculados con el crimen organizado», detalló Buenrostro.
Entre los clientes de estas empresas factureras estarían instituciones como la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según detalla la prensa local.
«Si en el plazo de tres meses no se regularizan, tenemos que proceder legalmente. ¿Por qué lo hacemos? Porque no podemos ser cómplices. No podemos encubrir a nadie», añadió López Obrador.
Asimismo, el presidente advirtió que este es un primer paquete de demandas, pero «no es todo» respecto al fraude de facturas falsas que ha operado en la última década en el país, que se «va a continuar» investigando.
«Con una mano enfrentamos el coronavirus y con la otra, con puño cerrado, a la corrupción. Si limpiamos de corrupción al Gobierno, si la desterramos, se va a lograr el renacimiento de México», dijo López Obrador, quien asumió el poder en diciembre 2018 con un férreo discurso contra la corrupción.
En 2019, México mejoró ocho posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional pero sigue estando en la parta baja de la clasificación, al ocupar la posición 130 de 180 países evaluados.
Información de EFE