Mientras México enfrenta uno de los periodos más oscuros en materia de corrupción, con el robo de 600 mil millones de pesos por el llamado “huachicol fiscal” y múltiples investigaciones abiertas contra dirigentes de Morena, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido reducir drásticamente los recursos destinados a la lucha contra la corrupción.
De acuerdo con análisis de Fundar México y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las modificaciones al presupuesto 2026, contenidas en el Anexo Anticorrupción, equivalen a un desmantelamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Lo que antes era una política pública transversal, con órganos autónomos, vigilancia institucional y capacidades técnicas, se ha convertido, según los expertos, en una simulación presupuestal diseñada para garantizar la opacidad y la impunidad.
El corazón del sistema, reducido al mínimo
El golpe más grave recae sobre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), el órgano que coordina la política nacional en la materia.
Su presupuesto pasa de 128.8 millones de pesos a apenas 6.3 millones, un recorte superior al 95%.
“Ya no hay rectoría en la lucha contra la corrupción”, advirtió un miembro de la Comisión de Transparencia.
Con ese presupuesto, la SESNA quedará prácticamente inoperante, sin capacidad para coordinar estados, revisar políticas, ni sostener su sistema de datos ni sus evaluaciones nacionales.
Más dinero… pero para todo, menos para combatir la corrupción
Aunque el anexo general parece crecer en monto global, los expertos advierten que se trata de un truco contable: el incremento proviene de la inclusión de 16 secretarías y organismos que no tienen funciones reales en el combate a la corrupción.
Por ejemplo, el ISSSTE recibirá 1,693 millones de pesos, y el IMSS 339 millones, supuestamente para “control interno” o “socializar códigos de ética”.
El resultado: más dinero, pero menos vigilancia real.
Otros casos son aún más absurdos.
La Secretaría de Agricultura obtendrá 33 millones de pesos “para impulsar la sostenibilidad pesquera” dentro del anexo anticorrupción, mientras que la Secretaría de Infraestructura recibirá 13 millones para “criterios técnicos de supervisión arquitectónica”.
Todo, menos fiscalizar el uso del dinero público.
Los órganos de control, sin recursos
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), encargado de sancionar faltas graves, pierde el 24% de sus recursos anticorrupción (de 122 a 93 millones).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), la máxima instancia de fiscalización del país, enfrenta un recorte de 386 millones de pesos en términos reales.
Y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene su presupuesto congelado en 227 millones, lo que en la práctica significa una reducción por inflación.
Mientras tanto, la recién creada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que absorbió las funciones del extinto INAI, sufrirá también un recorte del 32%, pasando de 1,225 a 834 millones.
El mensaje es claro: sin dinero, no hay vigilancia. Sin vigilancia, no hay rendición de cuentas.
Un país sin control ni transparencia
La Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados justificó los recortes como parte del “esfuerzo de consolidación fiscal”, pero las cifras revelan otra realidad:
la eliminación sistemática de los contrapesos que podrían fiscalizar al propio gobierno.
México se queda, así, sin rectoría en el combate a la corrupción.
Un país donde las instituciones que deberían investigar y sancionar los abusos están siendo desmanteladas desde el poder mismo que deberían vigilar.
