Pedidos desesperados que exponen al Estado
En Mexicali, Baja California, se colocó una manta afuera del Hospital General dirigida a “El Ruso”, líder del brazo armado del Cártel de Sinaloa conocido como Los Rusos. En esa manta, la solicitud es clara y aterradora: que el narco surta medicamentos e insumos al hospital, en medio de un desabasto que ya no puede esperar. No se trata de un acto simbólico menor: ciudadanos, pacientes y familias están reconociendo públicamente que la autoridad no responde, y que para acceder a lo más básico deben mirar hacia quienes delinquen. Esa es la fotografía del colapso institucional.
Datos que confirman la falla gubernamental
La manta fue colocada en el costado de las urgencias del Hospital General de Mexicali, en pleno Centro Cívico de la ciudad, una zona que debería contar con vigilancia constante. En el mensaje se acusa al gobierno estatal de desvío de recursos y mal uso del erario público, señalando que las fallas no son accidentales sino resultado de negligencia o corrupción. Lo más alarmante es que la súplica fue dirigida a Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, operador del Cártel de Sinaloa, sobre quien Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.
El colmo de la indignación: depender del narco para lo urgente
Que un hospital público —fundamental para el derecho a la salud— tenga que pedir directamente apoyo al crimen organizado para conseguir medicamentos demuestra un fallo estatal monumental. No estamos ante una falla técnica, sino moral, institucional y política. Cuando el tejido del Estado cede frente al narcotráfico, lo que queda al descubierto es quién realmente gobierna, quién realmente tiene poder. Pacientes graves, niños y ancianos, nadie debería depender de carteles para sobrevivir.
Implicaciones reales
Este hecho plantea la urgencia de exigir responsabilidad política y respuestas claras: ¿quién rinde cuentas ante esta vergonzosa falta de medicinas? Más aún, abre la puerta a un escenario peligroso: la legitimación del narco como “proveedor social” frente a un gobierno ausente. El derecho humano a la salud se vuelve letra muerta cuando un hospital público debe clamar favores a criminales para abastecerse. Es el colmo de la traición institucional: mientras el gobierno abandona, el crimen gana poder y presencia.
