La promesa de AMLO
En 2020, Andrés Manuel López Obrador anunció que las aduanas y puertos del país quedarían bajo control de la Secretaría de Marina. El argumento era claro: “acabar con la corrupción y el contrabando”. Pero esa decisión, en lugar de blindar al Estado, abrió la puerta a una red criminal que terminó controlando descargas de combustibles ilegales en Tamaulipas y otros puntos estratégicos.
Nombres y jerarquía de la red
La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la UIF reveló una red encabezada por altos mandos navales y funcionarios aduanales:
- Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, señalado como líder de la red.
- Contralmirante Fernando Farías, su hermano, vinculado a operaciones ilícitas en puertos.
- Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien confesó haber recibido al menos 24.5 millones de pesos en sobornos, a razón de 1.7 millones por cada buque huachicol descargado.
- Capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, señalado por recibir 100 mil pesos por buque. Se suicidó en su oficina tras ser expuesto.
- Otros seis marinos y varios empresarios vinculados a la red de contrabando.
La red incluía intermediarios, empresas fantasma y transportistas que blanqueaban el combustible en el mercado mexicano.
Cronología del saqueo
- 2020: AMLO entrega a la Marina el control de aduanas y puertos con el discurso de acabar con la corrupción.
- 2021-2023: Comienzan a circular denuncias de irregularidades y nepotismo en aduanas bajo control naval. Las primeras alertas vinieron de organizaciones empresariales y medios locales.
- 2023: La FGR abre investigaciones por evasión fiscal multimillonaria ligada a importaciones de combustible.
- 2024: Explotan reportes de contrabando en los puertos de Tampico y Altamira. Se documentan operaciones donde cada buque descargaba combustible sin pago de impuestos gracias a sobornos.
- Febrero 2025: Se logran decomisos de hasta 10 millones de litros de diésel en un solo operativo, calculando pérdidas anuales de 177 mil millones de pesos para el erario.
- Agosto 2025: El exdirector de la Aduana de Tampico confiesa ante la FGR el mecanismo de sobornos y menciona directamente a Farías Laguna y otros mandos navales.
- 7 de septiembre de 2025: La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el golpe más fuerte contra la corrupción de su gobierno: la detención de 14 implicados, entre ellos seis marinos y varios empresarios.
- 8 de septiembre de 2025: Se confirma el suicidio de Abraham Jeremías Pérez Ramírez, capitán de navío implicado en los sobornos, en su oficina de Altamira.
El costo para el país
La red del huachicol fiscal no fue menor:
- Pérdida estimada: 177 mil millones de pesos al año por evasión fiscal.
- Corrupción institucionalizada: sobornos desde 100 mil pesos hasta 1.7 millones por cada buque descargado ilegalmente.
- Nepotismo: familiares y allegados de altos mandos navales involucrados.
- Crisis institucional: la Marina, convertida por AMLO en “garante de la honestidad”, terminó embarrada en el saqueo.
Una enfermedad que carcome desde adentro hacia afuera
El “blindaje” de AMLO fue un caballo de Troya: al entregar las aduanas a la Marina, no se erradicó la corrupción, se perfeccionó. Lo que debía ser símbolo de confianza se convirtió en red de saqueo. Hoy, el costo no solo se mide en dinero robado, sino en instituciones debilitadas, mandos militares humillados y la certeza de que la 4T se sostuvo sobre una narrativa de limpieza que nunca existió.
El régimen de AMLO no acabó con el huachicol. Lo institucionalizó desde los puertos.
