Lo que debería ser motivo de orgullo y apoyo al talento infantil se ha convertido en una historia de abuso, corrupción y vergüenza institucional. Padres de niños deportistas del Estado de México denunciaron ante el Órgano Interno de Control una red de extorsión encabezada por funcionarios públicos y federativos, quienes presuntamente obligaban a los menores a endosar y devolver los cheques de apoyo económico que recibían por representar al estado en competencias de pentatlón moderno.
La denuncia, revelada por la revista Proceso, detalla que los funcionarios del área de deportes estatal habrían exigido a los padres “regresar” los estímulos económicos que sus hijos ganaban, bajo amenaza de dejarlos fuera de futuros eventos deportivos. Es decir, les quitaban el dinero que el propio gobierno destinaba al fomento del deporte infantil.
“Los menores fueron forzados a endosar los cheques a nombre de los funcionarios y entregar el dinero. A quienes se negaban, los castigaban sin competir”, relataron los denunciantes en su queja formal.
Este hecho no solo constituye un acto de corrupción, sino una violación directa a los derechos de la niñez y al espíritu del deporte, donde los menores —que deberían ser alentados y protegidos— fueron utilizados como instrumentos de lucro por burócratas sin escrúpulos.
El caso ya generó indignación entre entrenadores, asociaciones deportivas y ciudadanos que exigen la intervención inmediata de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de México, así como la separación inmediata del cargo de los funcionarios señalados.
Mientras el gobierno mexiquense habla de impulsar el deporte y el desarrollo de la juventud, las denuncias exhiben una realidad de abuso institucional y cobro de “moches” disfrazados de trámites administrativos.
La extorsión a menores deportistas no solo es un acto de cinismo: es una muestra del desmoronamiento moral de las instituciones públicas. Si roban hasta lo que corresponde a los niños, ¿qué no harán con el resto del presupuesto?
