La Suprema Corte de Estados Unidos resolvió este miércoles que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) protege a los fabricantes de armas frente a la demanda presentada por el gobierno de México. La decisión revoca un fallo previo de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, que había aceptado continuar el proceso legal.
El máximo tribunal estadounidense argumentó que no se logró probar que las compañías demandadas hayan “ayudado o facilitado” el tráfico ilegal de armas a México. Además, decidió no pronunciarse sobre el segundo argumento de la demanda: la proximidad del daño (proximate cause).
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su rechazo a la decisión y aseguró que continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para combatir el tráfico ilícito de armas hacia territorio mexicano.
“La lucha continúa. México ha presentado evidencia contundente del daño causado por estas empresas y no cejará en sus esfuerzos por frenar el flujo de armas que alimenta la violencia en nuestro país”, afirmó la Cancillería.
La demanda original fue presentada por México en agosto de 2021 ante un juez de distrito en Boston. En 2024, la Corte de Apelaciones había dado luz verde al considerar que las empresas “ayudaron e instigaron” el tráfico ilegal de armas.
Este fallo no afecta la segunda demanda que México presentó en 2022 ante una corte de Tucson, Arizona, contra cinco tiendas distribuidoras de armas. Ese caso sigue su curso y se encuentra actualmente en la etapa de recopilación de pruebas.
Las acciones legales de México han dado visibilidad internacional al tema del tráfico de armas, tanto en la agenda bilateral con EE.UU. como en foros multilaterales, incluido el Consejo de Seguridad de la ONU.
Actualmente se espera también una opinión sobre el caso por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.