La tensión diplomática entre México y Estados Unidos volvió a escalar luego de que el gobierno estadounidense revocara las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, según confirmaron fuentes diplomáticas y reportes de medios internacionales.
La medida, impulsada por la administración de Donald Trump bajo su nueva estrategia de presión contra la corrupción y el narcotráfico, ha impactado principalmente a miembros del partido Morena y a funcionarios estatales y municipales de distintos niveles.
Una de las afectadas que lo ha reconocido públicamente es Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, quien confirmó que tanto ella como su esposo, Carlos Torres, perdieron su visa sin explicación oficial. De acuerdo con versiones periodísticas, otros nombres mencionados incluyen a Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, y Óscar Eduardo Castro, alcalde de Puerto Peñasco.
El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene la facultad de cancelar visas sin necesidad de procedimiento judicial ni notificación al país de origen, cuando considera que los portadores participan en actividades contrarias a sus intereses nacionales o de seguridad. Sin embargo, el hermetismo en torno a los motivos específicos ha provocado malestar dentro del gobierno mexicano y alimenta versiones sobre posibles vínculos entre funcionarios y redes criminales.
La Secretaría de Relaciones Exteriores no ha emitido una postura oficial, aunque fuentes cercanas reconocen preocupación por el impacto diplomático que podría tener esta decisión. Para los políticos afectados, la cancelación implica la pérdida de movilidad internacional, limitaciones para asistir a foros y encuentros multilaterales y un daño importante a su imagen pública.
Más allá del golpe político, la revocación masiva de visas deja ver un mensaje claro desde Washington: la desconfianza hacia la clase gobernante mexicana sigue vigente, incluso en el contexto de alianzas formales en materia de seguridad, comercio y migración.
