México vuelve a enfrentar un estallido social que golpea directamente al corazón del sistema educativo. Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron un nuevo paro nacional y marchas masivas para denunciar lo que consideran un abandono prolongado del gobierno federal. Las exigencias ya no se limitan a una mejora salarial; lo que está sobre la mesa es el futuro mismo de la educación pública.
La CNTE insiste en que el gobierno incumplió su promesa de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y restaurar un sistema de jubilación digno. También demanda que el presupuesto educativo se eleve al doce por ciento del Producto Interno Bruto, una cifra que colocaría al país en estándares internacionales. Las negociaciones han fracasado porque el gobierno federal insiste en que no puede financiar los cambios que piden los maestros, pese a que el presupuesto general ha alcanzado niveles históricos.
Las consecuencias fueron inmediatas. Cerca de veinte mil escuelas cerraron y más de un millón doscientos mil alumnos quedaron sin clases. El conflicto no solo exhibe las precariedades del sector, sino también una profunda fractura entre el magisterio y un gobierno que prometió transformarlo todo, pero que hoy mantiene prácticamente intacto un sistema que asfixia a quienes sostienen la educación pública con su trabajo.
La respuesta oficial ha sido insuficiente. Ofrecieron un aumento salarial y una semana adicional de vacaciones, medidas que la CNTE calificó como cosméticas. El discurso gubernamental apuesta por señalar que el país “no puede gastar más”, mientras ignora que la precarización laboral de los maestros arrastra décadas sin resolverse.
El conflicto revela un patrón preocupante: el Estado ha pasado de la promesa de diálogo a la criminalización de la protesta. En varias ciudades se desplegaron operativos de control que tensaron aún más la relación entre docentes y autoridades. La CNTE, por su parte, advierte que las movilizaciones continuarán y podrían intensificarse si no se atienden sus demandas de fondo.
México enfrenta no solo un paro docente, sino una crisis de gobernabilidad educativa. Si el gobierno continúa minimizando el desgaste del sector, la tensión puede escalar a niveles sin precedentes. La educación pública no puede sostenerse con discursos; requiere una estrategia real, recursos suficientes y respeto a quienes la hacen posible.
El país entero lo resiente. Cuando los maestros tienen que marchar, el sistema ya fracasó mucho antes de que tomaran las calles.
