Recientemente, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica mencionó que en al menos mil municipios de nuestro país niños y adolescentes viven en mayor vulnerabilidad ante situaciones de maltrato, violencia y abandono.
La carencia de guía y protección de una persona adulta es una de las principales causas de vulnerabilidad infantil. El bienestar y desarrollo de los menores vive en constante amenaza ante situaciones de conflicto como carencia, violencia, explotación y abuso en el entorno social e incluso desde el núcleo familiar, resultando insuficiente la asistencia para enderezar el camino de lo que dejó de ser una niñez feliz.
Estas condiciones se convierten en factores de riesgo que amenazan la vida de los menores a largo plazo, cambiando su futuro haciéndolos susceptibles a adoptar conductas violentas o delictivas, a tener adicciones y marcas emocionales que afectarán de forma compleja su desarrollo como actores individuales y sociales.
Desde que se promulgó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a los infantes se les reconoce como sujetos y no como objetos de derecho, es decir, se les otorga la “titularidad” de los mismos; esto sin duda es un gran avance en materia de derechos humanos en nuestro país, al menos en el ámbito legal formal, pero no en términos reales.
De acuerdo al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en México sufrir pobreza en la infancia tiene efectos permanentes en la trayectoria de vida, los cuales son muchas veces irreversibles.
En este contexto, la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México estima que aproximadamente 85 mil niños realizan alguna actividad laboral, donde casi la mitad, 42 mil no recibe retribución alguna. Además, 55.2% de esos menores viven en pobreza y 13.1% en pobreza extrema, donde 60.5% de ellos presenta carencias en el acceso a seguridad social y 25.8% en acceso a la alimentación.
En materia de educación, los niños y adolescentes que en la actualidad no estudian alcanzan el 1.76% de la población y el .8% en edad escolar dedicados a quehaceres domésticos no remunerados, lo que estadísticamente podría volverlos irrelevantes. Es decir, en el mismo rango de edad, de 5 a 17 años, existen cinco millones y medio de personas que se declaran sin instrucción, algunos de los cuales se suman a la cuenta de 4 millones 749 mil 57 analfabetas mayores a 15 años que hay en nuestro país, de acuerdo con cifras del INEGI y la SEP.
De esta manera, autoridades de los tres niveles de gobierno deben procurar que los ciudadanos se formen con plenitud, sin olvidar que cualquier déficit educativo se convierta en una dimensión clave de la vulnerabilidad social. Es un hecho que la educación en la infancia es primordial para el desarrollo de los niños y niñas, mucho más cuando el derecho a la educación se ejerce de manera obligatoria bajo la perspectiva de los derechos humanos y los valores que la conforman sean una práctica integral y constante en todas las dimensiones para el desarrollo pleno de la ciudadanía.
Proteger la infancia debe ir más allá del rezago regional y social, las políticas públicas deben romper las barreras para disminuir los factores que dejan a nuestros niños y adolescentes en la cuerda floja del desarrollo, garantizándoles protección integral y una niñez feliz. Es mi opinión…
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