Las ciudades santuario en Estados Unidos se han caracterizado por ser regiones amigables con los inmigrantes legales e ilegales, lo que significa, que en pleno conocimiento de la llegada de miles de personas provenientes de otras partes del mundo, en estas ciudades y condados se puede trabajar sin ser discriminado, arrestado o deportado.
Este situación a la que aspiran muchos de los buscadores del sueño americano y de la que gozan al menos 11 millones de personas que han ingresado a Estados Unidos con el único propósito de comenzar una nueva vida sorteando sacrificios personales y económicos; dejando a su familia y seres queridos por el panorama prometedor que les brinda una tierra de oportunidades, podría estar en riesgo.
El recién llegado presidente, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que amenaza con retirar la ayuda financiera federal a estos territorios en caso que se nieguen a cooperar con la aplicación de la ley anti inmigrante. Se calcula que son 300 las ciudades estadounidenses que se reconocen como santuarios, entre las que destacan, Los Ángeles, Nueva York, Chicago y California, siendo este último el estado con mayor número residentes legales e inmigrantes ilegales.
De acuerdo con estudios del Public Policy Institute of California (PPIC), independientemente de las controversias políticas, cuando llegan inmigrantes ilegales, muchos empleadores estadounidenses están listos para contratarlos. Por este hecho, se calcula que al menos 75 por ciento de los inmigrantes ilegales adultos forman parte de la fuerza laboral, convirtiéndose en más de 90 por ciento de la misma.
Por ello, son varios los alcaldes que han respondido de forma negativa a Trump, asegurando que continuarán dando la bienvenida a los migrantes trabajadores. Ante este panorama devastador, un grupo de 100 ciudades y jurisdicciones municipales de Estados Unidos han reafirmado su compromiso de mantener ciudades inclusivas.
Tal es el caso de San Francisco, que se convirtió en la primera ciudad santuario en ejercer acción legal contra el presidente estadounidense por considerar inconstitucional y “antiestadounidense” la ya mencionada orden ejecutiva.
Se espera que el resto de las ciudades santuario interpongan demandas similares y emprendan acciones importantes a nivel legislativo, por ejemplo California, que acelerará la consideración de una ley estatal que pretende prohibir el uso de fondos estatales “para ayudar a destruir familias”.
En México, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) ya planea una reunión con algunos de sus homólogos estadounidenses y ha ofrecido apoyo a fin de encontrar soluciones y establecer una agenda común ante la situación.
Sin embargo, aunque esto es una buena señal, a todas luces se convertirá en un tema difícil para muchos sectores.
Parece ser que Donald Trump ha pensado en todo, pues también pretende reiniciar el programa “Comunidades Seguras”, que obligaría a policías locales a detener a los indocumentados que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) quiera arrestar, aún cuando no haya una razón penal para hacerlo.
Las diferentes policías locales se han mostrado en contra de la reactivación de esta política avistando un problema serio para su labor. Mike Tupper, jefe del departamento de policía de la ciudad de Marshaltown, Iowa mencionó: “Si como policías comenzamos a dedicarnos a buscar a indocumentados, la gente va a dejar de llamarnos y hablar con nosotros y los delincuentes van a usar la amenaza de llamar a inmigración para victimizarlos. Esto es un paso atrás”.
El presidente Trump insiste en que cualquier medida local para limitar la colaboración de la policía local con autoridades migratorias promueve la delincuencia, tema que se ha discutido entre las agencias del orden durante muchos años.
Las políticas de odio de Donald Trump, también ha afectado a los migrantes y refugiados musulmanes, a los que negó la entrada al decretar un cierre temporal de fronteras. El veto se aplica a Siria, Irán, Sudán, Libia, Somalia, Yemen e Irak, extendiéndose no sólo a un tema migratorio sino discriminatorio que atenta contra los derechos civiles de las minorías religiosas.
Para Donald Trump el decreto es una acción ante el no demostrado peligro que representan los musulmanes para Estados Unidos, excusándola como una forma de proteger a los ciudadanos y honrar a los muertos del 9/11. Pese a las razones del multimillonario, esta orden ha sido calificada por expertos como un guiño islamófobo más que proteccionista.
Al respecto, el fiscal general de Washington, Bob Ferguson ya ha emprendido acciones legales al demandar a Donald Trump, así como al Departamento de Seguridad Nacional y a varios altos cargos de la administración por considerar la orden ejecutiva como antiamericana e ilegal.
Asimismo, las grandes y millonarias empresas tecnológicas como Google, Facebook, Airbnb y Apple establecidas en Estados Unidos, han levantado la voz contra las medidas xenófobas y ofrecido ayuda directa a los refugiados.
Lo cierto es que las disposiciones de Trump comienzan a “rendirle” frutos, pues ha logrado que a menos de un mes de su administración; ciudadanía, artistas, gobiernos y policías locales comiencen a enfrentarse con la Casa Blanca, tanto en el aspecto legal como político y ni hablar del malestar internacional generalizado.
¿Hasta cuándo entenderá el Gobierno de Trump que todos somos ciudadanos del mundo; que su país es una nación forjada por inmigrantes y que las políticas que intentan deportar a millones de ellos que son padres y madres de niños nacidos en Estados Unidos, así como cónyuges de ciudadanos estadounidenses, repercutirá económica, social y culturalmente en su país?
¿Hasta cuándo se dará cuenta Donald Trump que su estrategia destinada a crear una crisis interna con conflictos interraciales y diplomática a nivel internacional está destinada al fracaso?… Es mi opinión.