La tragedia en Poza Rica, Veracruz, ha dejado al descubierto no solo el desastre provocado por las lluvias, sino también la falta de humanidad del gobierno estatal. De acuerdo con denuncias de voluntarios y ciudadanos, la gobernadora Rocío Nahle ordenó que ninguna persona, organización o empresa pueda entregar ayuda humanitaria sin la autorización del gobierno, lo que ha detenido la llegada de víveres a miles de familias que lo perdieron todo.
Mientras las comunidades afectadas claman por agua, alimentos y medicinas, funcionarios del estado mantienen retenidos los apoyos en bodegas o filtros de distribución “oficiales”, supuestamente para “coordinar” la entrega. En los hechos, esa medida ha generado un cuello de botella burocrático y político que impide que la ayuda llegue a los damnificados a tiempo.
El control político sobre la tragedia
Vecinos de las zonas más afectadas, como Totolapa, Poza Rica y Cazones, denunciaron que las autoridades están utilizando el desastre como un mecanismo de control político, priorizando la entrega de ayuda con fines propagandísticos. Testimonios indican que los víveres solo se distribuyen en presencia de personal del gobierno estatal o municipal, y que se ha prohibido la entrega directa por parte de voluntarios o colectivos civiles.
Incluso, varios reportes locales señalan que la ayuda donada por particulares ha sido reetiquetada con logotipos y colores afines a Morena, para presentarse como parte de la “respuesta oficial”. En redes sociales, ciudadanos expresaron su indignación: “Mientras Nahle presume coordinación, la gente sigue con hambre y el lodo en las rodillas”, escribió un usuario en X.
Una emergencia convertida en estrategia política
La decisión de centralizar la entrega de ayuda contrasta con el caos que vive la región. Organizaciones civiles han denunciado que los centros de acopio independientes enfrentan bloqueos o confiscaciones, y que las autoridades se niegan a permitir la distribución directa por miedo a perder control de la narrativa pública.
Especialistas en gestión de emergencias advierten que este tipo de prácticas no solo retrasan la asistencia, sino que agravan la crisis humanitaria, pues el tiempo es el factor más crítico en zonas devastadas.
Una gobernadora ausente ante la catástrofe
Rocío Nahle no ha visitado de forma constante las zonas afectadas y se ha limitado a publicar mensajes ambiguos sobre “trabajos de recuperación”, sin reconocer las fallas en prevención ni los errores en la gestión del desastre. La indignación social crece cada día, no solo por las muertes y las pérdidas, sino por la indiferencia de un gobierno que intenta monopolizar la tragedia para mantener el control político.
En Poza Rica, la gente no pide protagonismo ni propaganda. Pide agua, techo y dignidad. Y eso, parece, también necesita permiso del gobierno.
