Claudia Sheinbaum envió al Senado el pasado 15 de septiembre una iniciativa para reformar la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), con argumentos de eficiencia, justicia y modernización.
Entre los puntos controvertidos de la reforma:
- Se plantea que la suspensión provisional (ese recurso que impide la ejecución inmediata del acto reclamado) no proceda cuando esté implicada la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), actividades relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, o cuando obstaculice facultades del Estado sobre deuda pública.
- Se pretende delimitar qué actos permiten “interés legítimo” y qué no, para presentar amparos. Se habla de digitalizar trámites y de definir plazos más estrictos para emitir resoluciones.
Lo que ya advierten los expertos
Abogados y defensores de derechos humanos han señalado que estos cambios tienen más de “pro autoridad” que de protección ciudadana. Uno de los reclamos principales es que limitarán el acceso real al instrumento legal que permite a las personas defenderse de actos abusivos del gobierno.
Luis Eliud Tapia Olivares, especialista en amparo, ha advertido que, aunque la propuesta busca agilizar procesos y emitir sentencias en “60 días naturales después de la audiencia constitucional”, hacerlo sin recursos humanos, sin infraestructura judicial y sin capacitación podría convertir esos plazos en meras promesas sin cumplimiento efectivo.
También se señala que digitalizar completamente el proceso puede excluir a quienes no tienen acceso a internet, computadoras o un entorno digital confiable, ampliando la desigualdad jurídica.
Lo que aún no se sabe / lo que no coincide con la narrativa alarmista
No se ha confirmado que la iniciativa vaya a eliminar por completo figuras como el interés legítimo o la suspensión definitiva; lo que se ha propuesto es regular cuándo y cómo proceden esas acciones, especialmente en casos de actos del Estado relacionados con delitos financieros, deuda pública, etc.
Tampoco hay hasta ahora cifras oficiales que digan cuántos amparos han sido otorgados injustamente solo por “abusos burocráticos”, que es parte del argumento para la reforma.
¿Por qué este cambio preocupa tanto?
Porque el amparo es una de las últimas barreras legales para que ciudadanos puedan frenar abusos del poder público. Si restringen suspensiones provisionales, interés legítimo o los plazos de notificación, el Estado adquiere más margen de maniobra para imponer actos sin contrapesos inmediatos.
El riesgo es que esta reforma se convierta en una herramienta de control por parte del Estado, más que en una mejora institucional. Se vería como un intento de neutralizar lo que protege a los ciudadanos de arbitrariedades, favoreciendo mayor poder al Ejecutivo sin las garantías necesarias.
Esta propuesta tiene elementos que podrían ser útiles si realmente se implementan con recursos, transparencia y control judicial independiente. Pero dadas las señales –el historial de proyectos que han limitado garantías, la opacidad en algunos procesos y la concentración de poder en la 4T–, es legítimo dudar.
Si esta reforma entra así como está, sin debate público claro, sin mecanismos fuertes de protección para los más vulnerables, podríamos estar frente al primer gran paso hacia restricciones legales estructurales al derecho ciudadano de defenderse ante abusos.
