Esta semana el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, intentó expulsar al ex magistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad para Guatemala, una misión de la Organización de las Naciones Unidas, que desde 2015 lidera una lucha inédita contra la corrupción junto a la fiscalía.
Miles de manifestantes guatemaltecos salieron a las calles para apoyar a Iván Velásquez, titular de la CICIG, cuyo objetivo es sanear el sistema judicial en el país centroamericano desde 2007.
La orden fue frenada temporalmente por la Corte de Constitucionalidad, pero la decisión de Morales generó protestas y llevó a la renuncia de las ministras de Salud, y Trabajo y Previsión Social, además de la remoción del canciller Carlos Morales, al rechazar la medida.
El presidente Morales declaró non grato a Iván Velásquez, y le ordenó abandonar inmediatamente la República de Guatemala, dos días después de que la CICIG y la fiscalía empezaron un proceso para quitar la inmunidad al gobernante, sospechoso de financiamiento ilegal en el partido FCN-Nación, que lo llevó al poder en 2015.
Según investigaciones, cuando Morales era secretario general de FCN-Nación, recibió aportes anónimos y no declaró a la autoridad electoral el origen de varios fondos de campaña.
La resolución del máximo tribunal señaló que la cancillería guatemalteca debe abstenerse de cumplir la orden del presidente de expulsar al ex magistrado colombiano.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la decisión del presidente y solicitó que las autoridades guatemaltecas traten a Velásquez con el debido respeto a sus funciones como servidor civil internacional.
La decisión de Morales también fue criticada por las embajadas de Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
La Cicig lidera una lucha anticorrupción con la fiscalía desde 2007. Su objetivo ha sido sanear el sistema judicial y combatir estructuras del crimen incrustadas en el Estado. En abril de 2015 la comisión destapó un fraude en las aduanas que obligó a renunciar al entonces presidente Otto Pérez y a la vicepresidenta Roxana Baldetti.
Con información de La Jornada