En una decisión que busca brindar apoyo a las personas afectadas por el huracán Otis en Guerrero, el Poder Judicial de la Federación ha acordado destinar los fondos de sus fideicomisos para esta causa. La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, aceptó la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina del 31 de octubre.
El presidente López Obrador propuso que los 15 mil millones de pesos que se encontraban en fideicomisos se destinaran para apoyar a los damnificados de Acapulco, y que los miembros del Poder Judicial fueran parte de un comité encargado de supervisar la distribución de estos fondos para garantizar que lleguen a quienes más lo necesitan.
La extinción de 13 de los fideicomisos del Poder Judicial se había confirmado con un decreto publicado por el presidente el 27 de octubre. Sin embargo, de acuerdo con el documento, los órganos responsables de los fideicomisos disponen de un plazo de 20 días hábiles para llevar a cabo los trámites necesarios para la extinción de los fondos. En consecuencia, el Poder Judicial todavía tiene acceso a los recursos a los que se refirió el presidente.
Norma Piña respondió al presidente a través de una carta, en la que expresó su disposición a trabajar en conjunto para llevar a cabo la propuesta y contribuir a la recuperación de las personas más afectadas por el huracán Otis, «para devolverles el derecho al futuro», como señaló.
El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, ha respaldado esta propuesta. Mier considera que la implementación inmediata de estos recursos es factible, especialmente si se involucran los tres Poderes de la Unión. Destacó que, técnicamente y presupuestalmente, esto es viable, además de ser un acto de solidaridad con el pueblo de Guerrero.
Mier también enfatizó que el plazo de extinción de los fideicomisos se puede acortar a dos semanas si se llega a acuerdos con las fiduciarias, que en su mayoría son instituciones del Estado mexicano como Banjercito, Nafin y Banobras. Estos acuerdos facilitarían la transferencia de recursos a la Tesorería de manera inmediata, ya que los fondos son frescos y disponibles, no estando sujetos a la política recaudatoria establecida en la Ley de Ingresos.
Esta iniciativa refleja la voluntad de las instituciones mexicanas para actuar de manera conjunta en momentos de crisis y emergencia, priorizando el bienestar de la población damnificada.