Desde 2008 una ley obliga a todas las prisiones a inhibir la señal de celular para ese fin se canalizaron más de 71 mil mdp. Sin embargo, sólo una quinta parte de los presidios reportó tener los equipos necesarios.
El comentario hubiera pasado inadvertido de no ser porque se trataba de un reo que, desde el interior del penal de San Miguel, en la capital poblana, puso en evidencia que el uso de teléfonos celulares en prisión es una realidad. Una práctica tolerada que explica, en buena medida, el incremento de las extorsiones en el país; así como la operación de organizaciones criminales desde las cárceles.
El incumplimiento a la ley ha causado que las cárceles se conviertan en call centers, desde donde operan grupos criminales para realizar extorsiones y mantener poder dentro de la comunidades carcelarias.
Según la Comisión Nacional de Seguridad, el problema más grave está en las cárceles que dependen de los gobiernos locales, ya que de 401 penales estatales y municipales que existen en el país, sólo 79 tienen sistemas para bloquear la entrada y salida de llamadas de celular.
Por su parte, Catalina Aguilar, secretaria ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, uno de los organismos de la sociedad civil que más ha presionado al Senado de la República para que exija a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario cumplir con la obligatoriedad de los inhibidores, sostiene que los equipos no sólo son insuficientes, sino que se están colocando de manera incorrecta, pues en muchos casos se localizan dentro de los penales, cuando lo indicado es que estén fuera del alcance de los reos.
En cuanto el gobierno federal controle los inhibidores de celulares, dijo, disminuirán las extorsiones telefónicas que se perpetran y organizan desde el interior de los reclusorios. Agregó que esta medida inhibirá los actos de corrupción por parte del personal penitenciario y será posible monitorear, identificar y desmantelar a la delincuencia organizada en las cárceles.
Con información de Eje Central