Una detallada investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que las notarías públicas de los hermanos Adán Augusto López Hernández y Melchor López Hernández, ambas en Tabasco, fueron instrumentos clave para la constitución de empresas implicadas en un desvío de 464 millones de pesos de Petróleos Mexicanos (Pemex) dentro de la trama de corrupción conocida como La Estafa Maestra.
Según el reporte, Adán Augusto es titular de la notaría 27, donde se crearon empresas como CCTI S.A. de C.V. y Surface Technology, vinculadas a triangulaciones por 270 millones de pesos de Pemex para servicios no comprobados. En paralelo, Melchor, al frente de la notaría 13, participó en la constitución de la empresa E&P Solutions, que habría recibido 194 millones de pesos mediante contratos simulados del mismo organismo.
La investigación de MCCI detalla que en esas notarías y otra más operada por un excolaborador de Adán Augusto, se crearon al menos trece sociedades mercantiles que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista oficial de compañías que facturan operaciones simuladas (EFOS), usadas para evasión fiscal, lavado de dinero o desvío de fondos públicos.
El caso adquiere mayor gravedad si se considera que Adán Augusto López Hernández, además de ser notario, es un prominente político de su partido, lo que abre el interrogante de posibles conflictos de interés y omisiones al fiscalizar los esquemas montados bajo su propia firma notarial. Esta revelación pone de nuevo bajo la lupa la historia de La Estafa Maestra, que ya en su origen implicó a dependencias federales, universidades y empresas por un monto que rebasó los 7 mil millones de pesos.
Aunque las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) habían detectado las irregularidades, hasta ahora no se han reportado sanciones concretas que aborden el papel notarial o político de los implicados. Ante ello, organizaciones de la sociedad civil reclaman que se avance en carpetas de investigación que alcancen a las notarías que facilitaron la constitución de las empresas señaladas y no solo a las entidades receptores de los recursos.
Este nuevo capítulo de corrupción arroja una advertencia: cuando quienes tienen el poder político, función pública o notarial participan en redes opacas, el daño al erario puede quedar sin castigo y la confianza ciudadana sigue debilitándose.
