Con una amplia mayoría de 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones, el Senado de la República avaló una reforma constitucional para prohibir la producción, distribución y comercialización de vapeadores y drogas sintéticas como el fentanilo. La propuesta se turnó a los congresos estatales para su ratificación, lo que marca un paso decisivo en la política de salud pública del país.
Una reforma polémica
El debate en el Senado evidenció profundas divisiones. Aunque los partidos PRI y PAN respaldaron la iniciativa en lo general, cuestionaron la redacción del dictamen, argumentando que equiparar el consumo de vapeadores con el de una droga como el fentanilo resulta desproporcionado. Ricardo Anaya, senador del PAN, criticó duramente la reforma, calificándola como una “aberración” y proponiendo sustituir la prohibición por regulación para lograr un enfoque más equilibrado.
Por su parte, Morena defendió la medida como un esfuerzo necesario para proteger la salud de los jóvenes y frenar el impacto de estas sustancias en la sociedad. Legisladores como Margarita Valdez enfatizaron que los vapeadores no son inofensivos y que su consumo regular puede causar daños severos, incluyendo cáncer.
Impacto en la salud pública
De acuerdo con datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), aproximadamente un millón de adolescentes han probado vapeadores, y 160 mil los consumen regularmente. Estas cifras, sumadas al aumento en el uso ilícito de fentanilo, han generado crisis de salud y seguridad pública en diversas regiones del país, según el senador Enrique Inzunza, de Morena.
La reforma busca adicionar un párrafo al artículo 4 constitucional para establecer sanciones específicas contra la producción y comercialización de estas sustancias y dispositivos, mientras que el artículo 5 limitará actividades comerciales relacionadas con estas prácticas.
Críticas y desafíos
La oposición denunció lo que perciben como un doble discurso. Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano, argumentó que la reforma penaliza en lugar de prevenir, alejándose de los principios tradicionales de la izquierda. Además, cuestionaron la falta de restricciones similares para el tabaco y el alcohol, que también representan riesgos significativos para la salud.
El mensaje detrás de la reforma
El senador Anaya acusó a Morena de utilizar la Constitución para enviar un mensaje político a Estados Unidos, donde el fentanilo representa una crisis sanitaria de gran magnitud. En su opinión, esto desvirtúa el objetivo principal de la reforma y podría fortalecer al crimen organizado, que ocuparía el vacío dejado por la prohibición.
¿Qué sigue?
Con esta aprobación, el proceso legislativo pasa a los congresos locales, quienes decidirán si la reforma se convierte en realidad. Mientras tanto, el debate en torno a la regulación versus prohibición seguirá siendo un tema crucial en la agenda política nacional.