La reciente reforma a la Guardia Nacional, propuesta por el presidente López Obrador, promete encender debates en el Congreso. Entre los cambios más polémicos, destaca la transferencia del mando de esta fuerza civil a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), un movimiento que pone en riesgo la delgada línea entre seguridad pública y control militar.
Este ajuste afectará 12 artículos de la Constitución Mexicana, siendo el más relevante el artículo 21, que busca que la Guardia Nacional se adscriba formalmente a la SEDENA, convirtiéndola en un brazo militar con funciones de seguridad pública. Aunque se asegura que se respetarán los derechos humanos y que la capacitación será policial, la historia nos recuerda que el Ejército ha sido protagonista de controversias por su actuación en estos temas.
Otro punto que genera inquietud es la sujeción de los guardias nacionales al fuero militar en caso de faltas disciplinarias. Aunque se promete que responderán ante tribunales civiles si cometen delitos, las dudas sobre la imparcialidad de este fuero persisten, sobre todo en un país donde los derechos humanos no siempre han sido prioridad.
La reforma también propone que la Guardia Nacional colabore en la investigación de delitos bajo el mando del Ministerio Público. Sin embargo, limita su actuación en tiempos de paz, impidiendo que extranjeros formen parte de sus filas y estableciendo restricciones para quienes busquen cargos de elección popular.
Finalmente, la iniciativa permitiría a la o el presidente disponer de la Guardia Nacional en tareas de seguridad interior y defensa, otorgándole facultades amplias que muchos consideran excesivas para un organismo que, en teoría, debería mantener su carácter civil.
¿Es esta reforma un paso necesario para fortalecer la seguridad en México o abre la puerta a una militarización disfrazada? Mientras el gobierno defiende la iniciativa, la sociedad se mantiene alerta ante el impacto que podría tener en el respeto a los derechos y libertades.