La controversia política en Sinaloa ha alcanzado nuevos niveles tras las recientes revelaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). Se ha dado mayor credibilidad a la carta de Ismael “El Mayo” Zambada, en la que implicó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en una reunión política que terminó con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda y el secuestro del propio Zambada.
La carta de «El Mayo»: un giro inesperado
El documento de Zambada ha sido central en las investigaciones de la FGR. En su carta, el capo del Cártel de Sinaloa reveló que tanto Cuén Ojeda como Rocha Moya participaron en un encuentro para mediar diferencias políticas. Sin embargo, este intento de conciliación acabó de forma trágica, con la muerte de Cuén Ojeda y el secuestro de Zambada, quien posteriormente fue llevado a Estados Unidos para su eventual detención.
El supuesto vínculo entre Rocha Moya y este hecho ha encendido las alarmas en el ámbito político. Las diputadas y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) han exigido que Rocha Moya renuncie a su cargo y enfrente la justicia, alegando que su relación con el crimen organizado es insostenible y representa un peligro para el estado.
Exigencias de acción inmediata
La presión política no se ha hecho esperar. Federico Döring, uno de los diputados más vocales del PAN, ha señalado directamente a Rocha Moya y a la exfiscal Sara Bruna por obstruir la justicia y bloquear el acceso a la verdad. En una sesión reciente, Döring exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum a tomar cartas en el asunto y a exigir la renuncia y encarcelamiento del gobernador.
“Ya basta de encubrir a criminales con cargos de autoridad. Rocha debe estar tras las rejas”, sentenció Döring, reflejando el sentir de muchos dentro de su partido.
¿Cuál será la respuesta de las autoridades?
Con la presión aumentando, la FGR se enfrenta a un escenario complejo, tanto política como jurídicamente. Ernesto Sánchez Rodríguez y Héctor Saúl Téllez, también del PAN, coincidieron en la necesidad de que la FGR responda a las demandas de sus colegas. El acceso a la carpeta de investigación contra Rocha Moya y Sara Bruna será crucial para determinar el futuro de este caso.
La incertidumbre sobre el destino del gobernador de Sinaloa sigue creciendo. Mientras tanto, las demandas para que enfrente la justicia son cada vez más fuertes. El caso ha puesto en el centro del debate nacional la relación entre política y crimen organizado, un tema que no deja de sacudir a México.