Una ley contra la sátira digital
Un diputado de Morena, Armando Corona Arvizu, presentó una iniciativa bautizada como “Ley Antistickers”, que busca castigar la creación, difusión o manipulación no autorizada de memes, stickers o representaciones digitales con edición o inteligencia artificial. La propuesta, que plantea penas de hasta 6 años de prisión y multas de 300 a 600 días, llega en un momento crítico: cuando los discursos oficiales prometen combatir la desinformación, pero también acallar las críticas visuales.
Corona justifica la iniciativa diciendo que esas imágenes “violentan la identidad, el honor o la voz de las personas”, y advierte que cuando quien aparece es un servidor público, las sanciones podrían incrementarse.
El cinismo de legislar memes mientras se protegen corruptos
Mientras Morena plantea sancionar memes, varios miembros del partido están inmersos en escándalos de gasto excesivo, posible desvío de recursos y vínculos criminales. Por ejemplo:
- Adán Augusto López, figura política clave en Morena, gastó 12 millones de pesos en espectaculares durante su campaña interna, cifra que excede ampliamente los topes establecidos por su mismo partido.
- Lizbeth Victoria Huerta, alcaldesa de Nochixtlán por Morena entre 2019 y 2021, fue acusada de desviar casi 8.8 millones de pesos del presupuesto municipal.
- Y en múltiples estados, alcaldes morenistas están bajo investigación por presuntos desvíos millonarios, juicios opacos o compras ilegales.
Si el discurso gubernamental exige honestidad, ¿por qué cuando aparecen los suyos se habla de “errores administrativos” y no de responsabilidad política? Proponer castigar memes mientras se blindan personajes cuestionados revela una clara prioridad de censura frente a verdad.
Cuestión de poder y control del discurso
La iniciativa Antistickers no es inocua ni ingenua: es un intento de controlar la crítica visual, la sátira política, las caricaturas digitales que ridiculizan al poder. Cuando un gobierno está lleno de contradicciones, su principal enemigo no es un ladrón con maletas, sino una imagen que lo exhiba.
Prohibir memes no repara hospitales. Criminalizar stickers no atiende escándalos. Pero sí envía un mensaje: el poder teme más a una risa visual que a una auditoría real.
El contraste es brutal
Un partido que dice “cero impunidad” pretende sancionar la sátira, mientras protege a quienes gastan millones en campañas, manipulan contratos o desvían recursos. Esa incongruencia no es descuido: es política deliberada.
En México, gobernar con caricaturas no es pecado: es un derecho ciudadano. Quienes quieren encarcelar la sátira deberían empezar por abrir las puertas de sus oficinas y responder sus cuentas.
