El gobierno de México está acelerando este año las extradiciones de presuntos miembros del narcotráfico hacia Estados Unidos, según cifras oficiales del país latinoamericano, luego de que ambos países acordaron poner a raya al crimen organizado.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador envió el año pasado a su vecino del norte a 58 personas requeridas por las autoridades estadounidenses, de acuerdo con datos de la Fiscalía obtenidos por Reuters. Y, en 2020, ya suman 30 extraditados hasta el 21 de febrero.
La entrega más reciente se produjo el fin de semana. Se trata de Ramón Villarreal, alias «El Mon», presunto operador del Cártel de los Beltrán Leyva, quien será juzgado en Texas por el homicidio del abogado del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas.
El Cártel de los Beltrán Leyva fue una organización delictiva establecida en Sinaloa, en la costa occidental mexicana, que trabajaba de la mano del Cártel de Sinaloa, dirigido por Joaquín «El Chapo» Guzmán, preso en Estados Unidos. Tiempo después, ambas organizaciones se volvieron enemigas.
En 2017, México extraditó a Estados Unidos a 57 personas y, al año siguiente, envió a 69 presuntos narcos a su vecino.
«México ha reiterado la necesidad de implementar un nuevo enfoque para reducir el acceso a las armas y las capacidades financieras de las organizaciones criminales que operan en nuestro país», dijo a Reuters una fuente de la Cancillería.
La administración de López Obrador culpa de la espiral de violencia, en parte, al tráfico de armas desde su vecino del norte, donde se pueden obtener rifles de alto calibre, desde que el gobierno de George W. Bush eliminó en 2004 una prohibición para su libre comercialización.
«El gobierno mexicano ha expresado su voluntad de cooperar con los Estados Unidos bajo el entendimiento de que la seguridad de la región es una responsabilidad compartida», agregó.
A principios de 2020, el gobierno de López Obrador barajó la posibilidad de presentar una amplia reforma judicial que contemplaba restringir el uso de amparos para evitar dilatar las extradiciones, algo comúnmente usado por la defensa de supuestos narcotraficantes.
Sin embargo, en medio de críticas, finalmente se presentó una reforma menos ambiciosa.
Autoridades de ambos gobiernos se han reunido en los últimos meses con el objetivo de intensificar la cooperación bilateral para reducir el tráfico de armas y drogas a través de su frontera común.
Con información de Reuters