La retórica de la transparencia se topa con los números
Mientras el gobierno presume “honestidad valiente” y presume cero corrupción, los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) muestran una realidad distinta: más de 70 mil millones de pesos del gasto público federal siguen sin comprobarse ni aclararse.
Los datos oficiales corresponden a auditorías realizadas a dependencias federales, estados y programas sociales durante el último ejercicio fiscal. En muchos casos, el dinero simplemente “desapareció” en contratos irregulares, transferencias sin evidencia o gastos sin documentación.
El discurso se mantiene. La transparencia, no tanto.
Las dependencias con mayores irregularidades
Entre las entidades con mayores montos sin aclarar destacan la Secretaría de Bienestar, Pemex, la SEP y la SEDENA, todas piezas clave del actual sexenio.
De acuerdo con los informes más recientes, el Programa de Pensión para Adultos Mayores acumula miles de pagos duplicados, sin registro de beneficiario o sin comprobante de entrega.
En el caso de Pemex, las observaciones por contratos mal reportados o sobreprecios superan los 25 mil millones de pesos, en un contexto donde el discurso oficial insiste en que la empresa “ya se rescató”.
En la Secretaría de la Defensa Nacional, la ASF ha solicitado aclaraciones sobre contratos de obra pública vinculados a proyectos estratégicos, incluyendo tramos del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
La transparencia opaca
El problema no es solo el dinero que falta, sino la opacidad con que se maneja la información.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) lleva más de un año sin operar con su pleno completo, lo que ha limitado la capacidad del organismo para exigir datos y sancionar el incumplimiento de dependencias.
Mientras tanto, solicitudes ciudadanas de información son respondidas con silencio o con argumentos de “seguridad nacional”.
El resultado: un país donde se gasta más que nunca, pero se rinde menos cuentas que antes.
El costo de la incongruencia
Cada peso no comprobado significa una escuela sin materiales, un hospital sin medicinas o una obra pública inconclusa.
El discurso presidencial ha insistido en que “ya no hay corrupción”, pero los informes técnicos cuentan otra historia.
La ASF reporta más irregularidades acumuladas que en los últimos dos sexenios combinados, y menos sanciones administrativas o penales derivadas.
El silencio sobre estos desvíos no es casualidad: es una estrategia.
Porque en un gobierno que presume pureza, aceptar un desfalco sería admitir que el dinero público sigue siendo el botín de siempre.
La transparencia que se exige solo a los otros
En México, la transparencia parece tener ideología.
Mientras la oposición es auditada y exhibida con severidad, los errores del poder se archivan con discreción o se justifican como “problemas técnicos”.
La honestidad no se demuestra en conferencias matutinas, sino en cifras claras y cuentas saldadas.
Y hoy, los números hablan: la transparencia está muda.
