Mientras el discurso oficial presume cuidar la salud de los mexicanos con nuevos impuestos al azúcar, la realidad revela otra cosa: el gobierno aplicará las mismas cargas fiscales a bebidas light y zero, aunque no contengan azúcar.
Las refresqueras anunciaron una reducción del 30% en el contenido de azúcar en sus productos y el impulso de versiones sin calorías, como respuesta a las políticas federales que, en teoría, buscan desincentivar el consumo de bebidas azucaradas. Sin embargo, el impuesto especial que grava estos productos no distingue entre azúcar real y endulzantes sin calorías, dejando claro que el propósito no es la salud… sino la recaudación.
Un impuesto que castiga incluso lo saludable
Empresas como Coca-Cola, PepsiCo y Arca Continental informaron que reformularán parte de su catálogo, ampliando la oferta de bebidas “light” y “zero”. Pero aunque la medida debería ser vista como un avance en salud pública, los nuevos lineamientos fiscales del gobierno imponen el mismo gravamen del IEPS a toda bebida procesada, incluso aquellas que no aportan azúcar ni calorías.
Esto significa que, aunque los consumidores opten por versiones sin azúcar, seguirán pagando el mismo impuesto. La medida contradice el supuesto objetivo de reducir enfermedades metabólicas y revela un patrón ya conocido: usar el argumento de la salud pública como pretexto para obtener más ingresos.
El pretexto de la salud, el costo del bolsillo
En 2024, la Secretaría de Hacienda recaudó más de 41 mil millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas azucaradas. Sin embargo, no existen reportes públicos que indiquen que ese dinero se haya destinado a programas de salud o nutrición.
Especialistas en economía alimentaria han señalado que este tipo de medidas resultan regresivas, pues afectan más a los consumidores de menores ingresos, mientras que el impacto en los índices de obesidad y diabetes ha sido marginal.
Una contradicción más
El discurso oficial insiste en que la política fiscal busca proteger la salud de la población, pero castigar con impuestos a las bebidas sin azúcar demuestra una incongruencia evidente. Si el verdadero propósito fuera promover hábitos saludables, las bebidas reformuladas deberían estar exentas del impuesto, no castigadas por igual.
En lugar de incentivar la innovación y la reducción de azúcares, el gobierno premia la simulación y castiga la coherencia, confirmando que detrás del discurso del bienestar hay un propósito mucho más simple: recaudar, no cuidar.
