Una nueva alerta sobre la transparencia y desempeño en el Congreso pone en evidencia el nivel de compromiso de algunos legisladores. Según una investigación del diario El Universal, la diputada de Morena Patricia Armendáriz ha faltado a 22 de las 73 sesiones semipresenciales que se han realizado en el presente periodo legislativo, lo que representa un monto significativo de ausencias que genera cuestionamientos sobre su representación.
La cifra equivale a mantener una asistencia de apenas alrededor del 70 %, mientras que la expectativa ciudadana es mucho más alta cuando se ejerce un cargo público y se ostenta fuero. Las sesiones semipresenciales, que combinan trabajo virtual y presencial, fueron implementadas como medida para garantizar continuidad legislativa en tiempos de contingencia, por lo que una asistencia deficiente impacta directamente en la función de ley, debate y control político.
La investigación motivó una serie de preguntas: ¿cómo se evalúa el desempeño legislativo de quienes faltan reiteradamente? ¿Qué responsabilidad existe cuando un legislador no participa en el foro donde se discuten asuntos fundamentales para el país? En el contexto actual, donde el Congreso legisla reformas que afectan la economía, la justicia y los derechos de los ciudadanos, cada ausencia cobra mayor peso.
La diputada Armendáriz, hasta el momento, no ha ofrecido una explicación pública sobre las razones de sus omisiones. Los documentos revisados muestran que en varias sesiones de carácter presencial no estuvo físicamente y, en otras, no acreditó intervención virtual. La falta de un informe detallado sobre sus actividades abre espacio a críticas sobre la rendición de cuentas y la ética legislativa.
Más allá de un caso particular, esta situación refleja una problemática estructural: la falta de una cultura sólida de responsabilidad y transparencia dentro del poder legislativo. Cuando los ciudadanos observan que sus representantes no cumplen con su mandato básico —estar presentes, participar, representar—, la confianza institucional se erosiona y la democracia se debilita.
El momento exige respuestas claras y mecanismos de sanción efectivos. Los cargos públicos no pueden operar a ritmo de comodidades o ausencia. Cada sesión a la que un diputado no acude sin causa justificada representa un acto de negación a la función pública que se le ha confiado.
La diputada Patricia Armendáriz puede parafrasear su agenda o defender sus ausencias, pero lo que no puede hacer es ignorar que la exigencia del electorado es simple: presencia, acción y resultados.
