La respuesta del gobierno capitalino a las protestas volvió a mostrar un patrón preocupante. En lugar de escuchar a una generación que exige derechos, la autoridad optó por criminalizarla con la fuerza máxima del Estado. Dieciocho personas detenidas durante las manifestaciones en la Ciudad de México fueron acusadas de tentativa de homicidio, robo y lesiones, una reacción desproporcionada que deja claro que el gobierno prefiere fabricar delincuentes antes que asumir sus responsabilidades.
Las imágenes difundidas muestran un operativo que se comportó más como fuerza de choque que como cuerpo de seguridad. Jóvenes sometidos, encapsulados durante horas, arrastrados por la policía y ahora enfrentándose a delitos graves que difícilmente podrán acreditar. No hay proporcionalidad, no hay evidencia pública y no hay voluntad política de abrir un diálogo real. Lo que sí hay es un mensaje contundente del gobierno: protestar es peligroso y puede costarte la libertad.
Organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos señalaron que estas imputaciones buscan enviar un castigo ejemplarizante. La criminalización de la protesta no es nueva en México, pero bajo la actual administración se ha normalizado con una rapidez alarmante. El gobierno se autoproclama cercano al pueblo, pero reprime al mismo pueblo cuando sale a las calles a exigir justicia, empleo, seguridad o simplemente respeto.
Mientras el discurso oficial insiste en que la protesta es un derecho, la práctica demuestra lo contrario. La acusación de tentativa de homicidio contra jóvenes desarmados refleja un Estado que perdió la medida, que cierra filas contra la ciudadanía y que necesita enemigos para sostener su narrativa de control. Cada detención injustificada erosiona más las libertades que dicen defender.
Las familias de los detenidos denuncian irregularidades, aislamiento y una estrategia mediática para justificar la violencia policial. Lo que ocurre en la capital del país es un síntoma de algo más profundo: un gobierno que se incomoda con la movilización social y que respondió con castigo en lugar de diálogo. La protesta es un derecho, no un delito. Convertirla en crimen es una señal inequívoca de autoritarismo.
