Una nueva investigación de Latinus reveló que una empresa ligada al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán, obtuvo un contrato por 23 millones de pesos durante la administración de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, por la venta de medicamentos que, hasta el momento, no han sido entregados.
De acuerdo con documentos oficiales difundidos por el medio, el contrato fue adjudicado directamente a una compañía vinculada al entorno cercano de López Beltrán, conocida como parte del llamado “Clan de Andy”, y financiado con recursos públicos del gobierno capitalino.
A pesar del incumplimiento, la empresa no ha sido sancionada ni aparece en la lista de farmacéuticas “vetadas” que la actual presidenta exhibe en las conferencias matutinas, lo que refuerza las sospechas de trato preferencial y encubrimiento.
Un contrato millonario y cero transparencia
Según el reportaje, la compañía habría recibido el pago íntegro del contrato por concepto de suministro de medicamentos y material hospitalario, pero no cumplió con las entregas estipuladas.
El caso ha generado indignación entre observadores y especialistas en transparencia, quienes señalan que este tipo de operaciones contradicen el discurso de austeridad y honestidad que el gobierno federal presume como emblema.
Mientras cientos de hospitales públicos enfrentan escasez de medicamentos, un grupo vinculado al hijo del presidente habría cobrado millones por insumos inexistentes, sin que las autoridades locales o federales hayan iniciado investigación alguna.
Silencio oficial y posible conflicto de interés
Hasta el momento, ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni el senador Adán Augusto López Hernández, considerados figuras del círculo político más cercano a López Obrador, han hecho declaraciones sobre el tema.
Tampoco la Secretaría de la Función Pública ni la Auditoría Superior de la Federación han informado si existen revisiones abiertas sobre este contrato o sus beneficiarios.
El señalamiento de Latinus coincide con otras investigaciones previas que documentan la expansión de negocios del entorno familiar del presidente, particularmente en sectores estratégicos como salud, energía y obra pública.
La falta de sanciones y la omisión deliberada en los registros de empresas vetadas refuerzan la percepción de un doble discurso en la política anticorrupción del actual gobierno: uno para perseguir adversarios y otro para proteger a los suyos.
Impunidad familiar y uso político de la “austeridad”
Organizaciones civiles han calificado el caso como una muestra más del nepotismo institucionalizado dentro de la llamada Cuarta Transformación.
Mientras las conferencias matutinas se usan para exhibir empresas “corruptas”, la información presentada por Latinus muestra que los contratos del círculo presidencial se mantienen en la sombra, sin auditorías ni consecuencias.
“Hablan de combatir la corrupción, pero callan cuando los beneficiarios tienen apellido López”, denunció una fuente cercana al Congreso capitalino.
