Qué pasó
Este lunes 8 de septiembre, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, se suicidó en su oficina, confirmó personal federal.
Acusaciones formales
Pérez Ramírez estaba implicado en la red de huachicol fiscal que operaba desde puertos en Tampico y Altamira. De acuerdo con declaraciones del exdirector de la Aduana de Tampico ante la FGR, el oficial recibió 100 mil pesos por cada buque no fiscalizado que descargó combustible ilegalmente, canalizados a través de intermediarios ligados a altos mandos navales.
Lo que implica esto
El suicidio del marino expone las grietas más oscuras de la operación de la Secretaría de Marina en zonas portuarias: nada era casualidad, sino parte de una red con estructura y jerarquía. La huida al vacío es también una confesión tácita: aunque no hay justicia judicial pública, existen sombras tan intensas que el escape parece mejor salida.
Cuando el poder castrense se enreda en corrupción y termina en tragedia, la institucionalidad naval queda afectada. No basta con detener a los involucrados. Esta red solo se cierra si se arranca desde el principio: se revisa mando a mando, desde protocolos hasta cultura orgánica. Si no se desmantela el sistema que permite este tipo de delitos, seguirá devorando a sus propios guardianes.
