La violencia política en México volvió a cobrar una vida. Juan Carlos Mezhua Campos, exalcalde de Zongolica y aspirante a la gubernatura de Veracruz por la vía independiente, fue asesinado a balazos en la sierra veracruzana. Su muerte ocurre en un estado donde los homicidios contra actores públicos se han convertido en una rutina que el gobierno insiste en minimizar mientras la realidad se impone con sangre.
De acuerdo con los primeros reportes, Mezhua había acudido a una reunión comunitaria cuando fue interceptado por un grupo armado que abrió fuego sin oposición alguna. Lo ejecutaron en una zona donde la presencia estatal es prácticamente simbólica y donde el crimen organizado opera con absoluta libertad. Su equipo confirmó el ataque y señaló que ya había recibido amenazas previamente.
Mezhua era una figura regional con larga trayectoria política. Había sido alcalde, diputado y recientemente se había deslindado de partidos para construir un proyecto independiente. Su asesinato, por lo tanto, no es menor: envía un mensaje directo sobre los límites que el crimen le impone a quienes desean competir fuera de las estructuras tradicionales, especialmente en zonas donde la autoridad ha cedido control.
Este crimen exhibe de nuevo la fragilidad institucional en Veracruz. Pese a los discursos de pacificación y a la retórica de cero impunidad, el estado continúa viviendo bajo una mezcla tóxica de crimen organizado, omisiones oficiales y un abandono que se disfraza como estrategia. La muerte de Mezhua ocurre mientras el gobierno presume gobernabilidad, pero la sierra veracruzana demuestra todo lo contrario.
Urge que la Fiscalía Estatal esclarezca los hechos, pero la experiencia indica que estos casos suelen apagarse conforme pasan los días. La ciudadanía de Zongolica, sin embargo, ha exigido que este asesinato no se convierta en un expediente más archivado bajo la impunidad. El país no puede normalizar que aspirar a un cargo público implique firmar una sentencia de muerte.
La violencia política no es una estadística. Es la demostración de que el Estado ha perdido territorios enteros y de que el costo de participar en la vida pública es cada vez más alto. La ejecución de Juan Carlos Mezhua vuelve a preguntarnos quién gobierna realmente en México y hasta cuándo seguiremos viviendo bajo la sombra del poder armado.
