La violencia volvió a golpear al campo mexicano. Bernardo Bravo, líder social y defensor de los derechos de los productores de limón en Michoacán, fue asesinado este lunes, según confirmaron fuentes locales y organizaciones de productores agrícolas.
Bravo era conocido por su activismo en favor de los limoneros del municipio de Apatzingán, a quienes representaba en sus demandas por mejores condiciones de seguridad y precios justos frente al control del crimen organizado en la región. Su muerte ha generado profunda indignación entre campesinos y defensores de derechos humanos, quienes denuncian un patrón de ataques contra líderes comunitarios en el estado.
Una voz que incomodaba al poder criminal
De acuerdo con los primeros reportes, el homicidio ocurrió cuando Bravo se dirigía a una reunión con productores locales. Hombres armados interceptaron su vehículo y le dispararon a quemarropa. La Fiscalía de Michoacán confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación, aunque hasta ahora no hay detenidos ni líneas claras de investigación.
Bernardo Bravo había denunciado públicamente las extorsiones, cobros de piso y amenazas que enfrentan los agricultores por parte de grupos delictivos. En diversas entrevistas, advirtió que el limón michoacano se había convertido en “moneda de control” del narcotráfico, y que los productores eran víctimas de abandono institucional.
“Nosotros no somos delincuentes, somos trabajadores del campo que queremos vivir en paz”, declaró hace unos meses durante una protesta en Apatzingán.
Silencio y miedo en el campo
El asesinato de Bravo se suma a una serie de crímenes contra defensores del campo y del medio ambiente en Michoacán, uno de los estados más peligrosos para quienes defienden causas sociales.
Organizaciones civiles recordaron los casos de activistas desaparecidos y productores desplazados por la violencia en zonas agrícolas, donde la disputa territorial entre grupos criminales ha dejado comunidades enteras bajo control armado.
Colectivos campesinos y organizaciones de derechos humanos exigieron al gobierno federal y estatal una investigación transparente y la protección de los productores agrícolas, señalando que el asesinato de Bravo no puede quedar impune.
“Defender el campo no debería costar la vida. Pero en Michoacán, alzar la voz sigue siendo una sentencia”, denunció uno de los líderes agrícolas durante una vigilia realizada anoche.
Un crimen que evidencia la crisis del campo
El asesinato de Bernardo Bravo no solo refleja la inseguridad que azota a Michoacán, sino también el abandono institucional hacia el campo mexicano. Los productores de limón, aguacate y otros cultivos enfrentan no solo las presiones del mercado, sino también la violencia del crimen organizado que controla precios, rutas de transporte y exportaciones.
A pesar de las constantes denuncias, las autoridades no han logrado garantizar la seguridad de las comunidades agrícolas, y la muerte de Bravo se percibe como un nuevo golpe a quienes aún se atreven a defender su trabajo y su tierra.
