La tragedia ambiental y humana en Michoacán alcanzó una nueva fase de horror. En los bosques del municipio de Madero, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, encabezada por un operador conocido como El Sierra 1, impuso su ley con amenazas de muerte dirigidas a defensores del medio ambiente que intentan frenar la devastación de los recursos naturales.
Pobladores relatan que en días recientes grupos armados atacaron las viviendas de los activistas Javier Gómez y Guillermo Saucedo, integrantes de un comité ecológico local. Los comandos dispararon contra sus casas, incendiaron vehículos y dejaron mensajes de advertencia que equivalen a una sentencia: abandonar su labor o enfrentar un destino fatal.
Para los habitantes, esto no es un episodio aislado. Desde hace meses denuncian que la delincuencia organizada controla la tala ilegal, vigila caminos, vigila los accesos a las comunidades y ejerce una vigilancia permanente sobre cualquier intento de organización social. Los mismos pobladores afirman que las autoridades locales no solo han sido rebasadas, sino que hay funcionarios que operan bajo omisión calculada o abierta complicidad.
Michoacán vive desde hace años una disputa criminal por su riqueza forestal y agrícola. La sierra es territorio estratégico para el tráfico de madera, el control del agua y la ocupación de tierras que terminan convertidas en cultivos ilegales. En ese contexto, defender un bosque equivale a desafiar intereses sumamente lucrativos, lo que ha colocado a los activistas en la primera línea de riesgo.
La ausencia de Estado profundiza el problema. Los cuerpos de seguridad llegaron tarde a la zona y ninguna autoridad ha anunciado medidas de protección para los defensores. Las denuncias se acumulan, pero no hay detenciones relevantes ni investigaciones claras. La impunidad funciona como un mensaje: los grupos criminales pueden dictar sentencias de muerte sin enfrentar consecuencias.
La violencia contra ambientalistas es un indicador del colapso institucional. Cuando los criminales deciden quién puede proteger un bosque, quién puede sembrar y quién puede vivir, el Estado deja de ser garante de derechos y se convierte en espectador. La sierra de Michoacán revela un país donde quienes defienden el territorio están solos y desarmados frente a organizaciones que operan con disciplina militar.
Con los ataques recientes, las comunidades viven bajo un clima de miedo absoluto. Los activistas resisten como pueden porque saben que, si ellos se retiran, el bosque desaparecerá. Pero también están conscientes de que cada día que pasa corren más peligro. El país no puede normalizar que la delincuencia sea quien decida quién tiene derecho a proteger los recursos naturales.
La violencia en Madero no es una historia local. Es una señal urgente de un México donde la defensa del medio ambiente se ha vuelto una actividad de alto riesgo y donde la respuesta institucional es insuficiente y tardía. Los defensores de la sierra no solo cuidan árboles. Están cuidando el futuro que las autoridades parecen haber abandonado.
