Titular de Segob revela irregularidades en la gestión del Fiscal de Morelos

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En una reciente conferencia de prensa matutina celebrada en Palacio Nacional, Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer el 3 de octubre de 2023 que el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, enfrenta acusaciones de irregularidades en su gestión, incluyendo la falta de aprobación en los exámenes de confianza.

Carmona Gándara fue liberado del penal federal El Altiplano en el Estado de México el 22 de septiembre después de que un Tribunal Colegiado ordenara su libertad mientras enfrenta un proceso relacionado con el delito de tortura en contra de Luis Alberto Ibarra, conocido como «El Diablo». Sin embargo, el fiscal de Morelos aún se encuentra bajo investigación por otros cuatro procesos, que incluyen presuntos delitos de encubrimiento, favorecimiento y feminicidio en relación con el caso de Ariadna Fernanda.

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La titular de la Segob destacó que Uriel Carmona Gándara fue designado como fiscal de Morelos en febrero de 2018, con el respaldo del entonces gobernador Graco Ramírez, para un periodo de 9 años. Desde el inicio de su gestión, han surgido alegaciones de deficiente actuación e irregularidades en las investigaciones a su cargo.

Alcalde Luján mencionó varios casos en los que se han presentado posibles irregularidades bajo su dirección, incluyendo el asesinato del activista Samir «N» en febrero de 2019, el homicidio de dos sindicalistas en mayo de 2020 durante una protesta, el feminicidio de Ariadna «N» en octubre de 2022, y el homicidio de dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) en abril de 2023, que derivó en un supuesto caso de tortura.

Uno de los puntos resaltantes de la revelación de Alcalde Luján es que el fiscal de Morelos no presentó los exámenes de control de confianza requeridos por la ley para ocupar el cargo de Fiscal estatal hasta septiembre de 2021, fecha en la que los reprobó. La titular de la Segob enfatizó que «asumir el cargo sin aprobar los exámenes de control de confianza constituye un delito«.

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Esta situación plantea interrogantes significativas sobre la gestión y el desempeño del fiscal de Morelos y el manejo de los asuntos de seguridad y justicia en la entidad, lo que requerirá una evaluación más profunda por parte de las autoridades correspondientes.

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