La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha comunicado esta semana su incapacidad para detener la producción y distribución de los nuevos libros de texto, a pesar de las advertencias judiciales.
La titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina Alcántara, previamente había señalado a la SEP la importancia de cumplir con el mandato judicial, de lo contrario, se impondrían sanciones a los funcionarios involucrados en la producción y distribución de los libros.
El freno en la distribución de los libros se decretó en mayo por orden del Poder Judicial en respuesta a una solicitud de amparo presentada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). Los padres argumentaron que las autoridades no cumplieron con los requisitos necesarios y no siguieron el procedimiento establecido en la Ley General de Educación.
La SEP tenía hasta el 31 de julio para demostrar lo contrario y evitar así el delito de desacato. Además, la jueza Yadira Medina Alcántara enfatizó que la producción de los libros debía detenerse hasta que se comprobara su calidad.
En caso de incumplimiento por parte de la SEP, como finalmente sucedió, la jueza señaló que se presentaría el caso ante el superior jerárquico y el agente del Ministerio Público de la Federación, conforme a la Ley de Amparo.
Esto implica que las autoridades pueden imponer sanciones de prisión de tres a nueve años, multas de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para ocupar otros cargos, a cualquier servidor público que, en calidad de autoridad responsable, desacate una orden de suspensión debidamente notificada.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado que si el bloqueo de la Suprema Corte a la distribución de los libros de texto es definitivo, los ministros estarían violando la Constitución.
López Obrador ha criticado al Pleno de la Corte, acusando que pertenecen a la corriente conservadora y que no aseguran un Estado de Derecho, sino un Estado distorsionado y en algunos casos, de corrupción.
En este contexto, el presidente ha resaltado la necesidad de reformar el Poder Judicial, incluyendo la elección de los ministros de la Suprema Corte a través de voto popular.
«Sí debe haber una reforma para que se administre justicia al pueblo, de lo contrario, el poderoso ‘Don Dinero’ seguirá dominando. Están liberando a delincuentes que no deberían obtener libertad, mientras hay personas inocentes en prisión o que llevan años sin sentencia», expresó López Obrador.