El descontento social continúa extendiéndose por todo el país. Ahora fue el turno del Poder Judicial de la Federación (PJF), donde trabajadores sindicalizados iniciaron un paro de labores para denunciar la falta de insumos básicos, el incumplimiento en pagos y prestaciones, y los despidos masivos presuntamente ordenados por juzgadores de elección popular.
El paro, encabezado por un sindicato minoritario del PJF, se suma a una ola creciente de inconformidad que atraviesa distintos sectores públicos: desde los empleados del SAT que denuncian abusos y presiones laborales, hasta los médicos del Hospital Infantil “Federico Gómez” que advierten la falta de anestesia y materiales quirúrgicos.
En esta ocasión, los trabajadores judiciales señalan que las condiciones laborales se han deteriorado gravemente tras la llegada de nuevas autoridades afines al gobierno federal. Acusan que, además de los despidos injustificados, se ha reducido el suministro de materiales básicos —como papelería, equipos de cómputo y servicios de mantenimiento—, lo que entorpece el funcionamiento de los juzgados y tribunales.
“Estamos trabajando sin recursos, sin garantías laborales y bajo amenaza. No hay condiciones para continuar así”, señaló uno de los representantes sindicales durante una asamblea en Ciudad de México.
El paro ocurre en un contexto de tensión acumulada en el Poder Judicial, que ya ha sido blanco de ataques políticos y recortes presupuestales impulsados desde el Congreso dominado por Morena. La eliminación de fideicomisos y la reducción de recursos en 2024 provocaron manifestaciones masivas y renuncias silenciosas que dejaron al sistema judicial debilitado.
Hoy, la inconformidad ya no es aislada: el descontento se expande sector por sector, reflejando una crisis generalizada de confianza en el gobierno y sus instituciones.
A la inconformidad del personal judicial se suman los reclamos de maestros por falta de recursos, médicos por desabasto hospitalario, campesinos que exigen precios justos para el maíz, y trabajadores del SAT que denuncian acoso y represalias.
Cada paro, cada protesta, cada carta pública revela un mismo patrón: la precarización del Estado mexicano bajo la promesa del “bienestar”, donde los recursos se desvían hacia programas clientelares mientras la infraestructura pública, los salarios y la dignidad laboral se desmoronan.
Si en años anteriores las protestas eran excepcionales, hoy los paros laborales se han convertido en el lenguaje del hartazgo.
El país parece entrar en un nuevo punto de quiebre: un Estado que exige lealtad, pero no garantiza trabajo ni justicia.
