La reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales ha entrado en una nueva fase. Desde este 19 de junio y hasta el 7 de julio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) realizará seis foros regionales en distintas ciudades del país: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Querétaro y Cancún. El objetivo es abrir el diálogo entre sectores productivos, trabajadores, especialistas y autoridades para construir una propuesta de implementación que sea viable, justa y gradual.
Una reforma inminente, pero compleja.
De acuerdo con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), la aprobación de esta reforma es prácticamente un hecho hacia septiembre. Sin embargo, el organismo también advirtió que se deben considerar los márgenes de utilidad de las empresas y el posible impacto en la disponibilidad de mano de obra, que podría convertirse en un problema estructural.
Además, alertaron que el sistema de salud ya resiente los efectos de jornadas laborales extensas: con solo un día de descanso, muchas personas no se recuperan física ni mentalmente, lo que genera consecuencias a largo plazo en la productividad y el bienestar social.
¿Qué opinan las organizaciones empresariales?
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) coinciden en que la medida no puede aplicarse de forma homogénea. Consideran fundamental un enfoque diferenciado que tome en cuenta las particularidades de cada sector, especialmente en áreas como el comercio, los servicios y la industria manufacturera, donde predominan las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), responsables del 70% del empleo formal del país.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) también expresó su preocupación: sin incentivos a la productividad ni ajustes fiscales, la reforma podría afectar el empleo formal e incentivar la informalidad. Entre los principales riesgos se mencionan el aumento de los costos laborales, una menor atención al cliente y posibles despidos.
La postura del CCE: incentivos y gradualidad
Durante el primer foro en la Ciudad de México, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) propuso que la implementación de la semana laboral de 40 horas se realice de forma escalonada, acompañada de incentivos fiscales. Esto permitiría amortiguar el impacto en los costos y facilitaría la adaptación de las empresas, especialmente las más pequeñas.
Sindicatos y organismos internacionales: salud y productividad
La Confederación de Trabajadores de México (CTM) planteó un plazo de dos años para la transición a las 40 horas, así como la creación de una prima sabatina para compensar el ajuste. Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó aplicar la medida paulatinamente y con enfoque sectorial, como parte de una estrategia que priorice la competitividad y el bienestar laboral.
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, respaldó estas posturas con evidencia internacional que demuestra que jornadas más cortas pueden traducirse en:
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Mayor productividad y menor ausentismo.
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Reducción de enfermedades laborales como ansiedad, depresión o padecimientos cardiovasculares.
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Menor rotación de personal y mayor compromiso con la empresa.
¿Qué sigue?
Los foros marcarán el inicio de un proceso técnico de consultas que incluirá el diseño de calendarios, incentivos y modificaciones constitucionales para garantizar dos días de descanso por cada cinco laborados. Se prevé que un dictamen final se presente antes de que concluya el año legislativo.
El desafío será encontrar un equilibrio entre la calidad de vida de los trabajadores y la viabilidad operativa de las empresas. Un modelo flexible, gradual y respaldado por estímulos podría transformar la jornada de 40 horas en una realidad sostenible para México.