México evalúa ampliar demanda contra fabricantes estadounidenses de armas

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La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió este viernes que México podría expandir su demanda contra fabricantes de armas en Estados Unidos si el gobierno de Donald Trump clasifica a los cárteles mexicanos como «terroristas».

Implicaciones de la medida estadounidense

El periódico The New York Times reveló que el Departamento de Estado de EE.UU. planea incluir a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Noreste, Familia Michoacana y Cárteles Unidos en la lista de organizaciones terroristas. También figuran grupos criminales de Colombia, Venezuela y El Salvador.

Sheinbaum subrayó que, de concretarse la declaración, México ampliaría su acción legal contra los fabricantes de armas, argumentando que el 74% de las armas utilizadas por estos grupos provienen de EE.UU. y cuestionando la responsabilidad de las empresas armamentistas en el tráfico ilegal.

Antecedentes de la demanda mexicana

En 2021, México demandó a siete fabricantes y un distribuidor de armas estadounidenses, incluyendo Smith & Wesson, Colt y Glock, señalándolos como responsables indirectos de la violencia en el país. No obstante, en agosto pasado, un juez de Boston desestimó la querella contra seis de estas compañías por «falta de jurisdicción». Solo Smith & Wesson e Interstate Arms continúan enfrentando el litigio.

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Además, México mantiene otra demanda en Arizona basada en leyes que penalizan la compra de armas a través de prestanombres, una estrategia clave en el tráfico de armamento ilegal.

Consecuencias para la relación bilateral

La clasificación de los cárteles como «terroristas» podría tensar la relación entre ambos países. Para México, esto implicaría la posibilidad de una mayor injerencia estadounidense en su política de seguridad, además de la ampliación de sus litigios contra la industria armamentista.

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El gobierno mexicano insiste en que atacar la oferta de armas en EE.UU. es crucial para reducir la violencia en su territorio. Sin embargo, el debate sobre la regulación de armas en suelo estadounidense sigue siendo un tema altamente politizado y de difícil consenso.

El desenlace de esta disputa podría redefinir la estrategia de México en su lucha contra el tráfico de armas y la violencia criminal.

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