Tras la publicación del lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del decreto para que las Fuerzas Armadas sigan realizando labores de seguridad pública, la columnista Verónica Malo Guzman recordó en su publicación del miércoles que “tan solo complementa el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad el año pasado, tanto por el Congreso como por las 32 legislaturas locales”.
El 11 de mayo, mediante un decreto presidencial quedó establecido que el Ejército, Marina y Fuerza Aérea Mexicana ayudarán a la Guardia Nacional en tareas de seguridad hasta el 27 de marzo de 2024. Así, se estableció que se “dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última”.
Malo Guzman recuerda que hace casi un año también se publicó que el Senado aprobó la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República”, donde se contempla la necesidad de la “reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública”. Sostiene que si bien es posible argumentar que debido al fracaso de la estrategia actual, se requiere a las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad; ello debe ser sin olvidar que Alfonso Durazo es quien está al frente.
“Puede gustarnos o no, pero se debe aceptar que hoy se cuenta con un marco jurídico para estas acciones. Situación que no lograron ni Calderón ni Peña”, sentencia la analista. Y augura un complicado escenario, en el que un Ejército y una Marina divididos por aciones que no les corresponden dejaría al descubierto que tampoco son lo necesariamente poderosas para enfrentar al crimen organizado.
Así, sostiene que es esencial que el presidente Andrés Manuel López Obrador decida dónde quiere a las Fuerzas Armadas: si construyendo el aeropuerto y sucursales del Banco del Bienestar; manejando pipas de combustible; o en funciones de seguridad interna.
Desde la publicación el decreto entró en vigor, fue firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Francisco Alfonso Durazo Montaño.