La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este martes(29.09.2026) la validez de las reformas promovidas por el Congreso de Chihuahua con la intención de blindar el Proceso Electoral 2027 contra candidaturas apoyadas por el narcotráfico. La acción de inconstitucionalidad ha sido promovida por legisladores locales de Morena, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la presidenta del Partido oficial, Ariadna Montiel.
Chihuahua es el único estado que aprobó una reforma constitucional que introducía una nueva causal para la anulación de unas elecciones: la acreditación de la intervención del narcotráfico en el proceso. «Lo que está proponiendo Acción Nacional es la nulidad de cualquier elección y de cualquier candidato que esté vinculado con el crimen organizado», explicaba en junio Alfredo Chávez, coordinador del PAN en el Congreso estatal.
De acuerdo con el proyecto de la ministra Sara Herrerías Guerra, las personas diputadas de Morena que integran la Sexagésima Octava Legislatura del Congreso de Chihuahua consideran que la reforma es violatoria de diversos principios, entre ellos el de participación efectiva de las minorías parlamentarias, dado que no se dio tiempo suficiente para analizar el paquete de reformas luego de que este fuera dividido en 3 dictámenes. Los y las morenistas consideran también que no se armonizó esta reforma con los principios constitucionales referentes a la revocación de mandato, evasión del nepotismo y austeridad.
Los y las morenistas que han controvertido las reformas consideran además que no hubo cumplimiento de formalidades por parte del Congreso local para dividir los dictámenes, y que esas divisiones no condujeron a un nuevo análisis de las propuestas. Además, impugnan la inclusión del candado anti-narcocandidaturas porque no se ha incluido también la causal de nulidad de elecciones en las que pueda probarse injerencia o intervención extranjera, «por lo que la armonización [con el marco legal federal] fue incompleta».
El bloque morenista del legislativo chihuahuense considera que el cambio es improcedente pues las modificaciones establecidas sólo incorporan «actos de violencia, fuerza armada, intimidación, amenazas, coacción, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida sin incorporar específicamente la hipótesis de intervención o injerencia extranjera que influya en los resultados electorales».
Al respecto, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió a la Corte «que confirmen la ley completa». «Ustedes llegaron a la corte por el voto ciudadano», dijo a los ministros en un mensaje difundido en sus redes sociales. «Lo que está en juego el martes es precisamente eso: que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen», atestó.
La Gobernadora ha cerrado su mensaje insistiendo en que «proteger el voto de los chihuahuenses no es una opción para este gobierno: es una obligación».
